SALTILLO, Coah. (proceso.com.mx).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila documentó al menos una ejecución extrajudicial del cuerpo policiaco de élite Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), agrupación que la administración de Rubén Moreira defiende señalando que los medios y los periodistas que lo “desprestigian” están pagados por el narcotráfico. “La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, emitió la recomendación 06/2015, dirigida a la Comisión Estatal de Seguridad”, precisa el documento emitido ayer martes en la noche por el organismo estatal. “La recomendación deriva de un hecho ocurrido en el municipio de Monclova, el 19 de junio de 2013, entre las 11:00 y 11:45 horas, cuando el agraviado fue privado de su libertad por elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales pertenecientes a la Comisión Estatal de Seguridad, con motivo de la presunta comisión de un delito”, agrega el texto. La persona detenida, que no fue identificada, fue torturada por los efectivos del Gate en su cuartel y debido a los golpes falleció, destacó el texto de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. “El agraviado estuvo desaparecido hasta el día 19 de julio de 2013, fecha en que su cuerpo fue encontrado sin vida en un paraje del municipio de Monclova, lo que constituye una violación al Derecho a la Libertad Personal, en su modalidad de Desaparición Forzada”, destacó el comunicado. Proceso publicó en su edición 1996 del 1 de febrero pasado, un reportaje bajo la firma del reportero Jorge Carrasco Araizaga, titulado "Gates": permiso para secuestrar, acompañado del siguiente epígrafe: El gobierno de Rubén Moreira admite la existencia de grupos policiacos en Coahuila, como GATE, GATEM, GROM y el Grupo Elite, pero ni él ni sus colaboradores hablan de sus excesos o bien escamotean la información cuando los integrantes de esas corporaciones se ven implicados en secuestros y desapariciones, como la de Víctor Manuel Guajardo Rivas, sacado de su casa el 10 de julio de 2013 por un presunto comando de gates. Y una semana después, en su edición 1997 del 8 de febrero, otro texto, también del reportero Carrasco, con el titular: Coahuila bajo el terror policiaco. Otros medios como el Norte de Monterrey y MVS le dieron seguimiento al tema, lo que provocó que el gobernador Rubén Moreira acusara a periodistas de esas publicaciones de estar defendiendo a narcotraficantes. Posteriormente Moreira señaló que directivos de medios le habían señalado que el crimen organizado los presiona para desprestigiar al cuerpo policiaco estatal. El gobernador de Coahuila enfatizó que la campaña contra los GATES por parte de algunos periodistas es pagada por el narcotráfico. Mientras, el secretario General de Gobierno Víctor Zamora Rodríguez aseguró que cuentan con una lista de periodistas que reciben dinero del crimen organizado. “La narconómina, será entregada a la Subprocuraduría Especial de Investigación de Delincuencia Organizada”, dijo Zamora Rodríguez. Para conocer cuándo será entregada la lista a las autoridades federales, Proceso solicitó por escrito a Juan de León, titular de Comunicación estatal, esa información pero hasta el momento no ha respondido. Fuentes de la Procuraduría que hablaron con Proceso bajo la condición que no se mencionara su nombre, informaron que la presunta “narconómina” de periodistas tiene más de dos años, cuando los Zetas controlaban la capital del Coahuila y tenían a una reportera como su “vocera”. Dicha periodista era la responsable de pagar a algunos compañeros para que no publicaran ciertas notas relacionadas con el crimen organizado, hasta que fue amenazada por el Cartel de Golfo por lo que se escondió por unos días y luego tuvo que solicitar protección al gobierno de Felipe Calderón.