Piden a la PGR investigar a González Canto y Borge por caso Dragon Mart

martes, 3 de febrero de 2015
Cancún, Q. R. (apro).— No es suficiente la cancelación del ambiciosos proyecto comercial inmobiliario Dragon Mart Cancún, también hace falta sancionar a los funcionarios y exfuncionarios públicos del gobierno de Quintana Roo que estuvieron impulsando dicho proyecto a sabiendas de los estragos ecológicos que causó en la región, afirman los legisladores Daniel Ávila y Graciela Saldaña. El senador panista yucateco Daniel Ávila indicó que ya hay una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quienes causaron el daño forestal en el predio El Tucán, donde se habían iniciado los trabajos de Dragon Mart, por lo que ahora debe fincárseles responsabilidad penal a los funcionarios públicos que, indebidamente, avalaron y dieron los permisos. “Hubo irregularidades por parte de funcionarios estatales, quienes indebidamente dieron permisos fuera de sus facultades. Sobre ellos debe caer todo el peso de la ley”, sostuvo Ávila. Y agregó que debe dársele seguimiento al proceso de cancelación de la obra, que empezaba a realizar la empresa china Chinamex Middle East Investment and Trade Promotion Centre, a fin de que ésta pague las multas en su contra que suman 22 millones de pesos y también para asegurarse de que la clausura sea definitiva. Por su parte, la diputada federal perredista Graciela Saldaña –quien presentó una decena de recursos y mociones para impedir la construcción--, también exigió que la clausura “sea total y definitiva”. Pero además exigió que se lleve a cabo un juicio de lesividad contra los funcionarios que permitieron el desarrollo del proyecto, pues es evidente –dijo—la mano del gobierno del estado con la autorización de la manifestación de impacto ambiental. Esta autorización fue otorgada por el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), órgano desconcentrado del gobierno estatal. Y no por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el ente federal al que le correspondía dar el aval. Lo cierto es que dos gobernadores de Quintana Roo, Félix González Canto y Roberto Borge, también estuvieron impulsando el proyecto Dragón Mart, por lo que la PGR debería incluirlos en su investigación. El 22 de marzo de 2011, once días antes de dejar el cargo, el entonces gobernador González Canto presentó así el proyecto con bombo y platillo: “Esta es el ancla que va a impulsar a que Cancún detone un nuevo desarrollo, que le va a significar atraer fuertes inversiones, en diversos sectores provenientes de China”. Acompañado por el presidente de la empresa Chinamex, Hao Feng, el mandatario hizo la presentación en el Centro de Convenciones Cancún Messe. Agregó triunfal el entonces gobernador: “El próximo año será el comienzo de una nueva era de bonanza y prosperidad para los negocios de la gente emprendedora de Cancún y de todo Quintana Roo”. Antes de dejar el puesto, el mandatario se encargó de conceder “estímulos fiscales” a los inversionistas de Dragon Mart, en lo que fue el principio de una serie de irregularidades que deberán ser investigadas por la PGR. Mientras que su sucesor en la gubernatura, Roberto Borge, retomó el proyecto, al grado de que, el 14 de junio del año pasado, ofreció garantías a los inversionistas y aseguró que Dragon Mart “convertiría a Quintana Roo en una plataforma comercial a nivel nacional e internacional, además, fuente importante de empleos para los habitantes de la entidad”. Agregó Borge: “Hoy los quintanarroenses apostamos a Dragon Mart Cancún. Somos un pueblo emprendedor y sé muy bien que este proyecto será exitoso, así como hemos llevado al éxito a nuestra industria turística. Ustedes cuentan con el compromiso de mi gobierno para apoyar proyectos de esta dimensión que permiten mejorar la posición de Quintana Roo a nivel nacional e internacional”. Después, durante el gobierno de Borge se otorgarían indebidamente los permisos de impacto ambiental a través del INIRA, pese a que se requerían permisos federales por tratarse de un ecosistema costero. Finalmente, el pasado 27 de enero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró la obra por el ecocidio causado a la región y la ausencia de los permisos federales.

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