PUEBLA, Pue. (apro).- Habitantes del municipio de Chalchihuapan heridos durante el operativo policiaco del 9 de julio, son presionados por el edil auxiliar suplente de esa comunidad, Juan de Dios Montes, para aceptar la indemnización económica que ofrece el gobierno de Rafael Moreno Valle, denunció Araceli Bautista. Aparentemente para evitar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) califique como incumplida la recomendación emitida el pasado 11 de septiembre contra el mandatario poblano –por el violento desalojo de habitantes del municipio que participaban en una protesta–, el gobierno estatal incrementó la presión contra la comunidad para tratar de cerrar el caso. Araceli Bautista, madre de Javier Montes Bautista, edil auxiliar de Chalchihuapan –preso desde el 21 de noviembre acusado de golpear policías durante el mismo desalojo–, acusó que el gobierno estatal apoyó a Juan de Dios Montes para que asumiera como edil provisional de esa comunidad. Montes, agregó, se ha puesto “al servicio del gobernador” para acosar a los pobladores y que éstos acepten el dinero ofrecido, así como para presionar a Elia Tamayo –madre del niño José Luis muerto a causa del violento desalojo–, para abandonar su exigencia de justicia y las acusaciones contra el gobernador como responsable. De acuerdo con un oficio que el gobierno estatal envió a la CNDH, fueron destinados cuatro millones de pesos para entregar indemnizaciones a 14 personas, entre policías y pobladores, catalogadas como “víctimas” de los hechos. Hasta ahora, el gobierno de Moreno Valle no ha especificado en qué parámetros se basarán para determinar la cantidad que corresponde a cada una de las personas. No obstante, activistas como Misraim Hernández, del Contingente Puebla, advirtió que esa cantidad no corresponde ni a 10% de lo marcado por los estándares internacionales para este tipo de afectaciones. El abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Luis Eluid Tapia Olivares, aclaró que la reparación del daño causado por violaciones graves a los derechos humanos tendría que incluir además de dinero, rehabilitación física y sicológica de por vida, así como becas y apoyos. Entre las dos personas que ya se presentaron a recibir el apoyo ofrecido por el gobierno poblano se encuentra Hugo Jiménez, quien perdió un ojo durante el operativo en el que policías dispararon cartuchos de gas lacrimógeno “a quemarropa” contra los pobladores; aún no se conoce la cantidad que le entregaron. Durante su informe presentado el pasado 28 de enero, el presidente de la CNDH, Raúl González Pérez, dijo que se dará seguimiento a las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en esa comunidad poblana. No obstante, hasta ahora no ha fijado postura sobre si dará como cumplida o no la recomendación que emitió contra el mandatario poblano. En tanto, los seis policías procesados como responsables de la muerte del menor José Luis salieron de prisión desde el pasado 24 de diciembre, mientras que el secretario de Seguridad del Estado, Facundo Rosas Rosas, quien estuvo al frente del operativo, sigue en su puesto y sólo recibió una supuesta sanción económica, cuyo monto no se ha dado a conocer. Peor aún, el acto público que tenía que debía hacer el gobierno del Estado para pedir una disculpa a las víctimas prácticamente se realizó en secreto y sin la presencia de los pobladores de Chalchihuapan, pues fueron invitados apenas tres horas antes, lo que imposibilitó su asistencia. Hasta ahora se desconoce el mensaje de desagravio que supuestamente emitió el consejero jurídico del gobierno, José Montiel, ya que el acto se llevó a cabo a puerta cerrada y sin que se difundieran imágenes o videos.