MONTERREY, N.L. (apro).- Familiares de desaparecidos urgieron a los diputados locales a aprobar la “ley de declaración de ausencia”, con el fin de que sus dependientes económicos no carguen con los problemas legales y financieros que ocasiona este ilícito. Unas 5 mil familias se encuentran en esta situación en la entidad, detalló la hermana Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), organismo que impulsa la propuesta de ley. En rueda de prensa efectuada en las instalaciones de Cadhac, los allegados de los desaparecidos lamentaron que el “chapulineo” de los legisladores genere que sus suplentes tengan que conocer, desde el principio, la ley que presentaron desde mayo pasado. “El ‘chapulineo’ va en contra de todo el proceso que llevamos. Aunque piensen que esto no les reditúa políticamente, a final de cuentas son épocas electorales y todas las familias que estamos en esto están involucradas y tenemos los ojos fijos en quién vota y por quién. Ellos, los políticos, saben que son observados y que van a pagar políticamente por ello”, advirtió. Al referirse a la ley, Morales Elizondo explicó que actualmente cuando una persona desaparece deja en la desprotección a sus dependientes, y al ya no reportar los pagos que dejó pendientes, las deudas e intereses se acumulan, lo que compromete el patrimonio familiar. De esta manera, por ejemplo, el Infonavit reclama a la familia la falta de pago de la mensualidad, o los servicios domésticos pueden ser suspendidos porque no hay quién los pague. Sin embargo, con esta ley cuando un juez determine la ausencia por desaparición, las deudas que contrajo el afectado quedarían congeladas hasta que reaparezca o se constate que ha fallecido, aunque seguiría vigente el efecto de los servicios de la seguridad social a favor de los dependientes económicos de la víctima. Además, se prevé que los familiares reciban una pensión por incapacidad total permanente sin que deban acreditar la existencia de riesgo de trabajo. Anteriormente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya había presentado una iniciativa por declaración de desaparición forzada, además de otra que presentó el mismo Congreso estatal sobre presunción de muerte, iniciativas que representan nobles intentos por legislar sobre esta crisis humanitaria, aunque resultan insuficientes, acotó Morales. “No corresponden a los intereses de la mayoría de los familiares porque las desapariciones forzadas son 27% de nuestros casos registrados. En cambio, nuestra iniciativa de declaración de ausencia busca ayudar a las familias que, además del dolor que sienten por la pérdida, están a punto de perder sus casas y el patrimonio, lo mismo para trámites escolares y bancarios”, señaló. En Coahuila, destacó, ya hay una ley en el mismo sentido, aunque incluye un apartado en el que se obliga a los patrones a seguir pagando el sueldo del desaparecido a los familiares, un factor que probablemente ha provocado rechazo entre los empresarios, pues ellos no son responsables del ausente. Tal vez, dijo Morales, los diputados de Nuevo León creen, porque no han leído a fondo la iniciativa, que lo propuesto por Cadhac va en el mismo sentido, lo que es erróneo. Por ello, consideró, los diputados locales habrían buscando demorarla para no enemistarse con los patrones. En el acto también estuvieron presentes integrantes del Grupo Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores). Al terminar la reunión con los medios, los afectados y activistas acudieron al Congreso, donde hoy fue declarado el inicio del último periodo de sesiones, para exponer a los diputados la necesidad de que la “ley de ausencia” sea aprobada.