VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Abogados alistan demanda penal en contra de los siete consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) por violar la ley al asignarse un salario de más de 94 mil pesos mensuales, casi al doble de lo que ganaban sus antecesores en el cargo. Los abogados Pedro García Falcón, Sergio Antonio Reyes Ramos y Javier Martínez Ramos denunciaron que de acuerdo con el apartado C, fracción III del artículo 9 de la Constitución Política de Tabasco, la retribución económica que perciban los consejeros electorales, incluyendo su presidente, no será superior, en ningún caso, a la que cobran los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Sin embargo, los consejeros se asignaron un salario de 94 mil 242 pesos mensuales, casi el doble de los 56 mil 230 pesos que percibían sus pares que salieron en 2014 y superior a los 67 mil pesos que cobran los  magistrados del TSJ. Los quejosos acusaron que los consejeros incurrieron en el delito de coalición contra el erario y el servicio públicos, tipificado en el artículo 237 del Código Penal del estado y por ello, adelantaron, presentarán demanda penal en su contra ante la Fiscalía General del Estado, el próximo viernes 13. Los actuales consejeros son Maday Merino Damián (presidenta), Idamara de la Candelaria Crespo, Claudia Jiménez López, David Cuba Herrera, Jorge Enrique Gómez Hernández, Miguel Ángel Fonz Rodríguez y José Oscar Guzmán García. Este hecho provocó indignación ciudadana porque los consejeros presuntamente “llevan el mismo camino” que sus antecesores, dos de ellos presos, uno en proceso de desafuero y otros en investigación por la fraudulenta compra del edificio que albergaría las oficinas del organismo electoral. En enero, los exconsejeros Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado fueron encarcelados como presuntos responsables del delito de ejercicio indebido del servicio público. El exconsejero Jorge Montaño Ventura, ahora magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), se encuentra en proceso de desafuero en el Congreso por petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), como presunto responsable también de la fraudulenta compra del edificio. Los otros cuatro exconsejeros se encuentran en investigación. En 2011 el IEPCT compró el referido edificio en esta capital, a propuesta de la Comisión Especial de Adquisición que integraban los entonces consejeros Jorge Montaño, Héctor Aguilar y Gustavo Rodríguez Castro. El edificio se compró por 32 millones 600 mil pesos, sin embargo, no se pudo ocupar porque presentaba hundimientos, debido a que se construyó sobre un canal de aguas negras. En noviembre de 2012, la contraloría interna del IEPCT indagó y determinó que el inmueble fue sobrevaluado en más de 8 millones de pesos y cuatro millones más en otros gastos, por lo que los daños al patrimonio del organismo electoral ascendían a más de 12 millones. Con esta información, la Cámara de Diputados reprobó la cuenta pública 2011 del IEPCT, y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) interpuso demanda penal ante la PGJE en contra de 19 implicados en la compra del edificio, entre ellos los siete exconsejeros electorales.