HERMOSILLO, Son. (apro).- La continuación del pago de indemnizaciones a los afectados por el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre sobre los ríos Sonora y Bacanuchi durante la presente "veda electoral" será analizada y definida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Adolfo García Morales, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó que la complejidad del caso se debe a que el fiduciario es Nacional Financiera (banca de desarrollo estatal) y el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora es el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo Lacy Tamayo. “En atención a la presente veda electoral no se quiere incurrir en delito electoral alguno o hacerse acreedor a una sanción administrativa por realizar pagos durante el proceso electoral que inició en Sonora el 6 de marzo anterior”, argumentó el funcionario federal. Dijo que en breve se detallará al Pleno del Consejo General del INE cómo se constituyó el fideicomiso, cuáles son sus alcances, el procedimiento de pagos de las indemnizaciones y quiénes participan. El pasado 4 de marzo, Lacy Tamayo informó de la suspensión de los pagos del fideicomiso por la “veda electoral” provocó que los damnificados ribereños y los mineros de la sección 65 se unificaran contra el consorcio en un frente llamado: “Todos unidos contra Grupo México”. El frente cumplió este miércoles tres días de ocupar el centro de rebombeo de agua de la mina Buenavista del Cobre, conocido como “Los Patos”, que tiene capacidad de mil 200 litros por segundo, y es similar a la del acueducto Independencia que abastece a 822 mil habitantes de Hermosillo. Para liberar las instalaciones, que acumulan pérdidas diarias de 4 millones de dólares, los damnificados ribereños exigen agua potable, atención médica especializada en la zona y el pago inmediato de las indemnizaciones. Los mineros, por su parte, solicitan respeto al contrato colectivo de trabajo, reconocimiento oficial de los integrantes de la sección minera 65 y una mesa de diálogo para resolver los conflictos laborables que iniciaron con el estallido de huelga el 28 de julio de 2007.