OAXACA, Oax. (apro).- El Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a siete migrantes que fueron víctimas de extorsión por parte de elementos de Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), violando así su derecho de acceso a la justicia, denunció el representante del albergue Hermanos en el Camino, Alberto Donis Rodríguez. Pese a que los indocumentados iniciaron una queja ante la CNDH, así como la denuncia penal 852/FM/2015 ante la Fiscalía de Atención al Migrante por los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tentativa de extorsión y los que se configuren en contra de elementos de la AEI, las autoridades optaron por la deportación de los quejosos. Con estas acciones, agregó Alberto Donis, el INM, en lugar de favorecer el estado de derecho y hacer prevalecer la justicia, privó a los migrantes de ejercer plenamente su derecho de acceso a la justicia y privilegió la impunidad de policías. También mencionó que el albergue solicitó a la Fiscalía de Migrantes que a los siete quejosos se les tomara su denuncia y se diera puntual seguimiento a la queja. Mientras que al INM solicitó otorgar un oficio de salida para que los denunciantes regularizaran su situación migratoria en la modalidad de razones humanitarias por haber sido víctimas de delito grave, según lo establece el artículo 133, fracción III de la ley en la materia. Aunque la Fiscalía tomó las declaraciones y realizó la diligencia de inspección ocular en el lugar de los hechos, después emitió un oficio a Migración donde informaba que ya había concluido las indagatorias. El Instituto Nacional de Migración en una actitud poco coadyuvante y de complicidad con la AEI procedió a deportar a los migrantes a sus países de origen, negándoles el derecho de acceso a la justicia y de obtener una visa humanitaria. Peor aún, advirtió el activista, se violentaron varias disposiciones que marca la Ley General de Víctimas y las autoridades tampoco no aplicaron el principio propersona y no canalizaron a los migrantes a un albergue para que continuaran su proceso. El domingo 22 de febrero, entre nueve y once de la mañana, siete migrantes que viajaban en un autobús de Unión Hidalgo a Juchitán fueron detenidos por agentes de la AEI para extorsionarlos, pero como no traían dinero, entregaron a los indocumentados a Migración. Luego los responsables del albergue indagaron el paradero de los indocumentados y se dio intervención a la CNDH, razón por la que localizaron a los siete quejosos en la garita de migración de La Ventosa y conocieron de su situación.