Tribunal de Yucatán rechaza que Congreso estatal legisle sobre uniones gay

lunes, 2 de marzo de 2015
MÉRIDA, Yuc. (apro).- Con siete votos contra cuatro, el Tribunal Constitucional de Yucatán declaró improcedente la acción que tres organizaciones civiles promovieron contra el Congreso estatal por discriminar a la población homosexual y las familias homoparentales al legislar sobre el matrimonio y concubinato sólo “entre un hombre y una mujer”. El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán –erigido para la ocasión en Tribunal Constitucional–, resolvió así la acción por omisión legislativa número 01/2014 promovida por el equipo Indignación A.C., la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa (UNASSE A.C.) y Oasis de San Juan de Dios A.C. Luego, sobreseyó el caso. Los activistas de derechos humanos adujeron que el Poder Legislativo fue omiso al negarse a legislar la protección de familias compuestas por parejas del mismo sexo, dado que el Código de Familia establece que el matrimonio y el concubinato “es la unión de un hombre y una mujer”; por tanto, excluye a las uniones entre personas homosexuales y a las familias homoparentales. “El Tribunal Constitucional de Yucatán reconoció que el Congreso del estado incurrió en discriminación al legislar sobre matrimonio y concubinato… ¡y lo avaló!”, se quejaron los promoventes al escuchar la deliberación de los magistrados. Luego, les reprocharon haber desprotegido a las familias formadas por la unión de personas homosexuales. En una sala pletórica de espectadores interesados en el tema, el pleno del Tribunal discutió y resolvió el proyecto de sentencia sometido a su aprobación por parte del magistrado instructor para el caso, Santiago Altamirano Escalante. Éste aseguró que sí existió una omisión por parte del poder legislativo en relación a lo expuesto por los promoventes. Sin embargo, los magistrados que votaron en contra coincidieron en que hay un impedimento procesal para analizar el fondo de la cuestión, ya que se actualiza una causa de improcedencia que impide al Tribunal Constitucional realizar un pronunciamiento al respecto, pues las causas de improcedencia son de estudio preferente y oficioso. Por tanto, determinaron que debe sobreseerse la acción por omisión legislativa, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista artículo 29 fracción VIII, en relación con 99 y 104 de la Ley de Justicia Constitucional, por lo que difirieron de la integralidad del proyecto presentado por el magistrado instructor. Esta causa de improcedencia tendría su base en que la acción por omisión legislativa tiene por objeto restaurar la regularidad constitucionalidad violentada cuando el Congreso del estado, el gobernador y ayuntamientos “no expidan una disposición de carácter general a la que estén obligadas por mandato expreso de la Constitucional local o leyes, siempre que afecte el debido cumplimiento de la constitución local o impida la eficacia de la misma”, lo cual, consideraron no es el caso. De acuerdo con la Ley de Justicia Constitucional de Yucatán, la omisión legislativa, en general, se entiende como la inactividad del legislador en el desarrollo de sus funciones relativas a la expedición de leyes. En contraposición, los cuatro magistrados que votaron a favor del proyecto presentado, estimaron que de ninguna de las causales establecidas se desprende alguna razón de improcedencia y que, para determinar si existe una omisión legislativa, es preciso conocer el fondo del asunto, ya que sólo así se puede saber si el legislativo, en este caso, debe legislar en la materia. Por ello, estimaron que no se actualiza una causal de improcedencia manifiesta expresa y por eso no se debería desechar el asunto por improcedente. Además, el Tribunal Constitucional debería entrar al análisis del fondo del asunto. Consideraron que sí existe la omisión por cuanto hay un universo de personas que no ha sido contempladas dentro los derechos y deberes que otorgan las leyes. Los magistrados adujeron que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que la familia ya no puede ser considerada tradicional como la existencia de un hombre, una mujer y los hijos, y que hoy se da una serie de formas y manifestaciones y modalidades diversas. Estas modalidades de familia, sin embargo, no están reguladas en la Constitución de Yucatán ni en la legislación. Por tanto, queda un universo de personas que no son protegidas ni en su carácter de matrimonio o concubinato, ni de familia en términos amplios. Tampoco se han regulado o normado de manera completa lo que el Estado y la ley deben hacer, que es proteger la organización y desarrollo de la familia. Tras el veredicto, los promoventes se inconformaron y dijeron que en los días previos a esta sesión 15 mil personas firmaron un llamado al Tribunal para que ordenara al Congreso corregir la omisión. “Lamentamos, por supuesto, que el máximo tribunal de Yucatán avale violaciones a los derechos humanos, forzando una argumentación sobre causales de improcedencia que resultaron un pretexto para no entrar al asunto y mantener una exclusión, es decir, para mantener una situación de evidente discriminación hacia personas homosexuales”, comentaron. “Las personas homosexuales que desean contraer matrimonio, un derecho que niega la Constitución de Yucatán, tienen que ampararse para poder hacerlo. Los magistrados no podrían, de haber entrado al fondo, reflexionar de manera distinta”, añadieron. No obstante, advirtieron que “sigue la batalla, irremediablemente”. Los magistrados que votaron a favor del proyecto que reconocía la omisión legislativa y proponía subsanarla fueron Marco Celis Quintal, Ingrid Priego Cárdenas, Santiago Altamirano Escalante y José Rubén Ruiz Ramírez. En contra lo hicieron Ligia Cortés, Ricardo Ávila, Luis Felipe Esperón, Adda Lucely Cámara Vallejos, Jorge Rivero, Mygdalia Rodríguez y Leticia Cobá.  

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