GUANAJUATO, Gto. (apro).- El Tribunal Superior Agrario (TSA) ordenó al gobierno del estado pagar a ejidatarios del poblado Emiliano Zapata, municipio de Silao, 99 millones 751 mil pesos correspondientes al valor real de 35 hectáreas que les fueron expropiadas hace nueve años para la construcción del Puerto Interior Guanajuato. Esa sentencia se suma a otro fallo en favor de campesinos del ejido Nuevo México, también afectados por el gobierno estatal por el mismo concepto. En diciembre de 2013 el TSA ordenó al gobierno de Miguel Márquez Márquez pagar a esos ejidatarios poco más de 32 millones de pesos, es decir, la diferencia entre lo que se les pagó en 2006 y el valor comercial de las tierras. En el caso de la sentencia para ejidatarios del poblado Emiliano Zapata, ésta corresponde a un recurso de revisión que interpuso el apoderado del gobernador, Luis Gilberto Aguilera Jiménez, en el juicio agrario 1231/2008. El TSA, presidido por el magistrado Luis Ángel López Escutia, determinó parcialmente infundados los agravios, pero sólo para obligar al presidente Enrique Peña Nieto a que expida un nuevo decreto expropiatorio que contemple el pago de 99 millones 751 mil pesos como valor indemnizatorio a los ejidatarios de Emiliano Zapata, “porque el valor no correspondía al real”. Además, destaca la sentencia, se condena al gobierno estatal “a proceder al pago inmediato ante el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) en lo que a cada uno corresponda” por los 99 millones mencionados, “con la finalidad de que no se siga depreciando por la inflación el monto antes mencionado”. El Puerto Interior de Guanajuato fue inaugurado en 2006, como centro logístico y de negocios, en las inmediaciones del aeropuerto internacional y a un costado de la carretera León-Irapuato. En diciembre de 2013 el gobierno federal publicó una modificación del decreto expropiatorio correspondiente al ejido Nuevo México, en el que se estableció un valor indemnizatorio a cubrir superior a los 32 millones de pesos, para acatar una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Décimosexto Circuito, luego de que los campesinos buscaron ampararse ante la expropiación de 77 hectáreas destinadas a la construcción del puerto seco. Los ejidatarios procedieron por la vía legal, inconformes con el pago que recibieron por sus tierras, y los tribunales agrarios les dieron la razón. Originalmente el gobierno de Guanajuato pagó a los pobladores del Ejido Nuevo México sólo 28 millones de pesos por las 77 hectáreas, cuando el valor comercial estimado –y señalado en la sentencia tras la queja legal de los campesinos– asciende a 60 millones de pesos. El secretario de Gobierno, Salvador García, informó que a fines de febrero pasado se interpuso un nuevo recurso de inconformidad contra la última resolución que dictó el TSA, mismo que, aseguró, fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Esperemos que no sea el último (recurso) para nosotros…vamos a buscar jurídica y técnicamente. La idea no es no pagar, vamos a ver cómo resuelve. Quien expropió fue el gobierno federal, se pagó en su momento el precio que se dispuso. El mismo gobierno federal dice que hay una diferencia de precio y que el estado pague. Dinero sí lo tiene que haber, pero vamos a agotar todas las instancias”, señaló el funcionario.