XALAPA, Ver., (apro).- Con 35 votos del PRI, Nueva Alianza y el PVEM, el Congreso local aprobó el desafuero del alcalde panista de Medellín, Omar Cruz Reyes, para que sea juzgado por la presunta autoría intelectual del homicidio del reportero-editor de La Unión, Moisés Sánchez Cerezo. La bancada del PAN votó en contra. La garantía constitucional retirada a Cruz Reyes ocurre 84 días después de que se cometió el homicidio del onceavo periodista en lo que va de la administración de Javier Duarte de Ochoa. En el dictamen legislativo elaborado para otorgar el desafuero al alcalde de Medellín aparecen las rúbricas de dos de los tres integrantes de la Comisión Instructora, los priistas Juan Manuel Velázquez Yunes y Raúl Zarrabal Ferat. El panista Hugo Fernández se negó a firmar el documento. Con el desafuero de Omar Cruz Reyes, la Fiscalía General del Estado (FGE) podrá iniciar el juicio de procedencia en su contra como probable responsable de ordenar a seis expolicías intermunicipales que “levantaran” y “ejecutaran” a Moisés Sánchez, debido a que, según consta en declaraciones de Clemente Noé Rodríguez –el único asesino confeso detenido–, el trabajo del activista vecinal y periodista “le estorbaba” al alcalde. En la sesión extraordinaria de este jueves, el pleno del Congreso local se amparó en el Artículo 85 fracción 8 del reglamento interior del Poder Legislativo para desarrollar la sesión a puerta cerrada, sin la presencia de público ni de medios de comunicación. En el interior sólo se quedaron los diputados asistentes y los abogados defensores del alcalde panista, Sergio Vaca Betancourt y Sergio Vaca Archer, quienes declararon ante la prensa que los argumentos del fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo, continúan siendo “débiles” y solo de “oídas”. Sin embargo, Vaca no pudo demostrar ante la prensa argumentos o “pruebas” que demuestren la inocencia de Omar Reyes, incluso se molestó cuando los periodistas cuestionaron la “litis” de su defensa. “De seguro los envió el fiscal”, espetó molesto. La investigación ministerial 01E/2015 de la FGE recarga la culpabilidad sobre el alcalde, luego de la declaración tacita del expolicía Clemente Noé Rodríguez. “Cuando el Harry le cortó el cuello a Moisés, Harry le dijo a Noé: ‘Ya cumplimos con la orden que dio el alcalde de Medellín’. Clemente Noé dijo que el contacto era (José Luis) Meneses –subdirector de la policía municipal y escolta del edil panista– para que el alcalde cumpla su palabra (sic), esto sin lugar a dudas se refería al hecho de empezar a distribuir la droga, que era el compromiso que habían adquirido el alcalde, Meneses y el Harry”, se lee en el expediente. En el voto particular del panista Hugo Fernández, los diputados de dicha bancada, Carlos Fuentes y Domingo Bahena, suscribieron un dictamen por separado donde aseguran que los elementos de prueba aportados por la Fiscalía “no son suficientes”, pues no está acreditaba legalmente la “conducta” y la “responsabilidad” del alcalde. El cuerpo sin vida del reportero de La Unión fue hallado la madrugada del 24 de enero pasado en el municipio de Manlio Fabio, limítrofe con Medellín. José Moisés Sánchez Cerezo fue levantado el 2 de enero por un grupo armado que lo sacó con lujo de violencia de su domicilio. Luis Ángel Bravo, titular de la FGE, confirmó que el deceso de Sánchez Cerezo ocurrió el mismo día que lo secuestraron. Sus captores procedieron a “degollarlo” y posteriormente “cercenarlo”, dijo. El 4 de febrero pasado, Apro documentó que el expolicía intermunicipal Clemente Noé Rodríguez estuvo involucrado en dos desapariciones forzadas desde diciembre de 2009. No obstante, la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y la Unidad Estatal del Combate al Secuestro (UECS) lo exoneraron por las desapariciones de Edgar Gilberto Romero y David Zaragoza Hernández, micro empresarios de Los Reyes, Michoacán, a quienes se les perdió la pista desde el 29 de noviembre de 2009, cuando fueron interceptados por patrullas de la Policía Intermunicipal. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Además de escribir y tomar fotos para el semanario La Unión, el reportero Moisés Sánchez organizaba en su congregación “guardias de seguridad” y “vecinos vigilantes” para contrarrestar la ola de inseguridad y robos del fuero común que azotan a esta comunidad, ubicada en medio de los municipios de Boca del Río y Veracruz. Familiares del reportero y activista documentaron que antes del “levantón” de Sánchez Cerezo, a quien le quitaron su cámara fotográfica y computadora portátil, hubo amenazas previas. “Hace poco le habrían advertido que si no le bajaba, le darían un susto”, dijeron.