CHILPANCINGO, Gro. (apro).- “Espero que el conflicto de allá afuera pronto tome un cauce institucional”, expresó el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez sobre la crisis política y social que se vive en la entidad generada por el caso Ayotzinapa y la incertidumbre laboral y económica del magisterio ante el desconocimiento de 19 mil plazas que fueron otorgadas sin “techo” presupuestal. Durante un acto público realizado esta tarde en el auditorio José Joaquín de Herrera en la sede del Ejecutivo, al sur de esta capital, el mandatario admitió que la problemática social le provoca “dolor de colon”. También reconoció que las protestas para exigir justicia por el caso Ayotzinapa y certeza laboral del magisterio, que recientemente provocaron un desalojo en Acapulco realizado por la Policía Federal (PF), donde murió un profesor jubilado y varias mujeres fueron violadas, han afectado la economía en la entidad. Ortega Martínez hizo énfasis sobre el conflicto generado por el desconocimiento del gobierno federal de 19 mil plazas del magisterio que fueron otorgadas sin “techo” presupuestal durante el interinato del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero y la administración del actual senador priista René Juárez Cisneros. Mil 400 “aviadores” Al respecto, dijo que están haciendo la conciliación correspondiente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y reveló que hasta el momento han detectado al menos mil 400 “aviadores” del total de plazas impugnadas por la Federación. Luego reiteró que el gobierno federal otorgó un anticipo de las participaciones que garantizan el pago del salario del personal docente y administrativo que se encuentra sujeto a revisión hasta finales de este mes, y sentenció: “Cualquier protesta es una injusticia”. Ortega señaló que estos días son suficientes para conciliar con Hacienda y resolver el conflicto de las 19 mil plazas no reconocidas por la Federación, aunque advirtió que las personas que estuvieron cobrando sin trabajar durante estos años “no tendrían vergüenza” si salen a protestar a las calles. Luego dijo que ha sido “tolerante al extremo” para evitar más tragedias después de la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, pero omitió el caso de las trabajadoras del magisterio que fueron violadas por policías federales y la muerte del profesor jubilado Claudio Castillo durante el desalojo del martes 24 de febrero en Acapulco. Enseguida, el interino anunció que solicitó a Luis Videgaray, titular de Hacienda, confiscar los bienes de Mateo Aguirre, hermano de Ángel Aguirre, y del clan Hughes Acosta –acusados por la PGR de hacer negocios al amparo del poder– para resarcir el daño económico que le provocaron a las finanzas estatales. Por su parte, miembros del magisterio marcharon en diferentes regiones de la entidad para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, demandar justicia por el crimen del profesor Claudio Castillo y las mujeres ultrajadas por policías federales, así como para demandar estabilidad económica y laboral. Las protestas se enfocaron en Acapulco, Zumpango, Iguala, Tlapa y Ciudad Altamirano, donde los docentes se manifestaron pacíficamente y no se reportaron incidentes graves.