VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez del Congreso local para iniciar un juicio de procedencia contra el magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), Jorge Montaño Ventura, como solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE). Montaño Ventura está acusado de participar en la compra fraudulenta de un edificio que albergaría al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), del que fue consejero hasta el año pasado. Por esta denuncia se encuentran encarcelados los también exconsejeros electorales Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Casilda Ruiz Agustín, informó que los magistrados del TEPJF resolvieron el recurso promovido por Montaño Ventura en contra de la determinación del Congreso de iniciar su desafuero, argumentando que era competencia del Senado porque fue esa Cámara la que designó a los magistrados del TET. La perredista puntualizó que el TEPJF concluyó que el Congreso local es competente para conocer sobre la solicitud de declaración de procedencia contra el magistrado, pues aunque fue designado por la Cámara de Senadores, la probable responsabilidad que se le atribuye es de competencia local y los hechos imputados se circunscriben a su desempeño como consejero del IEPCT. El pasado 11 de febrero el Congreso local recibió la solicitud de desafuero de Montaño Ventura, acusado por la FGE como probable responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público. Un día anterior fueron detenidos y encarcelados los exconsejeros Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado. En 2011 el IEPCT compró un edificio para sus oficinas en esta capital, a propuesta de la Comisión Especial de Adquisición que integraban los entonces consejeros electorales Jorge Montaño Ventura, Héctor Aguilar Alvarado y Gustavo Rodríguez Castro. El edificio se compró por 32 millones 600 mil pesos, sin embargo no se pudo ocupar porque presentaba hundimientos debido a que está construido sobre un drenaje de aguas negras. En noviembre de 2012, ante denuncias de partidos políticos de que se había hecho una compra “fraudulenta”, la contraloría interna del IEPCT indagó y determinó que el inmueble fue sobrevaluado en más de 8 millones de pesos y cuatro millones más en otros gastos, por lo que los daños al patrimonio del organismo electoral ascendían a más de 12 millones de pesos. Con esta información, la Cámara de Diputados reprobó la cuenta pública 2011 del IEPCT y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) interpuso una demanda penal ante la exProcuraduría General de Justicia del estado (PGJE), hoy Fiscalía General del Estado. Sobre estos hechos, el fiscal del Órgano Superior de Fiscalización (OSFE), José del Carmen López Carrera, informó que se presentaron 19 denuncias penales en contra de igual número de exconsejeros y exdirectivos del IEPCT, así como del notario y el vendedor del inmueble.