CANCÚN, Q. Roo (apro).- El subprocurador de Justicia del estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, se negó a presentar los informes requeridos por el juez segundo de distrito, Gerardo Vázquez Morales, sobre los actos de tortura contra cuatro activistas que fueron detenidos cuando participaban en una marcha en el centro de esta ciudad, en el marco de la Novena Acción Global por Ayotzinapa. El juez dio un plazo de 24 horas al funcionario estatal para que responda sobre las acusaciones, bajo la advertencia de que impondrá una multa en caso de que no presente los informes requeridos en torno de la demanda de amparo por tortura en agravio de Gabriel Misrian Kumul Salazar, Gerardo Villarreal Bracamonte, Jorge de Jesús Castellanos Yam y Atziri Estefanía Bravo Pliego. Además del subprocurador fueron apercibidos el director de la Policía Judicial (PJ) de la zona norte, Marco Antonio Sánchez Sánchez, y el agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa 11. “…requiérase nuevamente a la autoridad responsable citada, para que en un plazo de 24 horas cumpla cabalmente con los efectos de la suspensión”, destaca el apercibimiento. En otros informes el juez solicita “constancia fehaciente” de la detención de los activistas” y también los nombres de los funcionarios responsables de la reclusión de los manifestantes en los separos de la Policía Judicial, así como los certificados médicos. Y advierte: “En caso de ser omisos, con el apoyo del artículo 262 Fracción V de la ley de Amparo, se les impondrá una multa por la cantidad de 50 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal”. El pasado fin de semana, el juez Gerardo Vázquez Morales dio entrada y turnó al Ministerio Público Federal la denuncia por tortura que presentaron Kumul Salazar, Villareal Bracamonte, Castellanos Yam y Bravo Pliego, detenidos el 26 de febrero. En esa orden se establece que la actuaria adscrita al Juzgado dio fe de que los cuatro activistas “presentaban hematomas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas, según el dicho de los propios agraviados, al momento de sus detención”. Los abogados de los activistas, Verónica Ecatl y Leonardo Kumul Salazar, indicaron que el amparo con número de expediente 251/2015 fue promovido por la detención ilegal y tortura a la que fueron sometidos sus clientes. Luego de su aprehensión, los activistas permanecieron alrededor de 36 horas en los separos de la Policía Judicial (PJ), en la Subprocuraduría de la zona norte, hasta que el agente del Ministerio Público finalmente les fijó la fianza.