COLIMA, Col. (apro).- Desde hace casi dos meses, Jorge Iglesias de la Cruz, representante en Colima del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih), anda de un lado para otro en busca de que la Secretaría de Salud le proporcione los medicamentos que requiere para sobrellevar sus enfermedades. Jorge padece hepatitis “C” y es portador del VIH. Como ya rebasa los 50 años, la Secretaría de Salud le niega el derecho de obtener los medicamentos de manera gratuita. Por esa razón, el 19 de febrero pasado el activista presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima (CDHEC), la cual quedó radicada en el expediente 104/15. “El año pasado –dijo– acudí con el especialista del Seguro Popular y en vez de darme el medicamento correcto me recomendó comprara unos que sólo se venden en el extranjero y tienen el precio de varios miles de dólares, los cuales por ningún motivo los tengo”. Iglesias de la Cruz pidió la intervención del secretario de Salud, Agustín Lara Esqueda, “para que me den el medicamento que por tanto tiempo le he pedido, ya que mi salud se deteriora día a día y corro peligro de morir”. Sin embargo, el pasado 17 de marzo la Secretaría de Salud, a través del oficio 128/2015, entregado en las oficinas de la CDHEC, ratificó su negativa a “la reiterada e insistente pretensión del C. Jorge Iglesias de la Cruz”, quien “sabe y le consta que su estatus como persona cero positivo (sic) se encuentra dentro de los criterios de exclusión que el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema Nacional de Salud emitió a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”. Suscrito por Álvaro Ramírez Castillo, coordinador de Asuntos Jurídicos de la SS, el documento menciona entre los criterios de exclusión el no encontrarse dentro del rango de edad establecido de 20 a 50 años, cirrosis hepática F4, cáncer de cualquier tipo, infección por VIH y terapia previa con interferón o ribavirina y concluye que Iglesias de la Cruz se encuentra dentro de tres criterios de exclusión, relacionados con el rango de la edad, ser portador del VIH y haber tenido terapia previa con interferón o ribavirina. El representante de la Secretaría de Salud argumentó que “al estar contraviniendo las reglas de operación por parte de la dependencia, esto es, dar los tratamientos médicos al paciente estando en estatus de exclusión de acuerdo a los lineamientos, estaríamos sujetos a una auditoría u observación”. En una comparecencia realizada el 25 de marzo, Iglesias de la Cruz respondió que si bien esas exclusiones lo hacen “no acreedor” a recibir el tratamiento que necesita para la hepatitis C, el 10 de febrero anterior acudió al Hospital Regional Universitario, donde se le recomendó continuar con el tratamiento, por lo que “vislumbro una clara contradicción de parte del personal de la Secretaría de Salud, pues primero me excluyen del tratamiento y después me recomiendan continuar con él”. En esa diligencia, el representante del Frenpavih se desistió de la queja y pidió una copia certificada de todo lo actuado. En entrevista, Jorge Iglesias informó que envió la documentación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del coordinador del Programa de Atención a Personas con VIH de ese organismo, Ricardo Hernández Forcada, con la petición de su intervención en este asunto. Iglesias de la Cruz consideró que los criterios de exclusión para la atención de pacientes con Hepatitis C aprobados por el Sistema Nacional de Salud son violatorios de los derechos humanos y se contraponen al derecho a la salud garantizado en la Constitución.