MOHONERAS, Gro., (apro).- Peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) exhumaron tres cuerpos de los siete policías comunitarios asesinados la semana pasada durante una emboscada realizada por otro grupo de autodefensa en la región Centro de la entidad. Desde la mañana, personal de la dependencia federal acompañados por funcionarios de la Fiscalía General Estatal (FGE), arribaron al valle de El Ocotito y se desplazaron a tres comunidades ubicadas sobre la carretera federal México-Acapulco --dos del municipio de Chilpancingo y una de Acapulco-- para realizar las diligencias. Primero, en el poblado de Xaltianguis, exhumaron el cadáver de Jesús López Adame; luego se trasladaron a La Haciendita, donde fue sepultado Juan Barrientos Santos, informó el comisario municipal de Mohoneras, Leonel Rodríguez Aranza, miembro de la dirigencia colectiva del FUSDEG. Por la tarde llegaron al panteón de este poblado del valle ubicado en una loma frente al cerro del Toro, donde enterraron a Salomé Pérez Castañeda. Las tres víctimas, a quienes se les practicaron exámenes y se les tomaron muestras, eran policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y murieron la noche del lunes 30 de marzo en el poblado de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero; sus cuerpos fueron recogidos por sus compañeros y entregados directamente a sus familiares. De acuerdo con la versión del FUSDEG, policías comunitarios del grupo de autodefensa opositor perteneciente a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) emboscaron a sus guardias en un tramo de terracería cuando se dirigían a una asamblea. El hecho dejó al menos siete muertos, una decena de heridos y al menos 60 personas retenidas por ambos grupos de autodefensa. En contraparte, el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, argumentó que se trató de un enfrentamiento entre ambos grupos armados y que la confrontación tiene su origen en el control de las zonas de producción y trasiego de droga que se procesa en laboratorios clandestinos ubicados en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo y el municipio de Juan R. Escudero, ambos localizados en la región Centro de Guerrero. A pesar de que las autoridades de los tres niveles tuvieron conocimiento del hecho, no hicieron nada por evitar que ambos grupos zanjaran sus diferencias a través de la violencia: durante la noche del lunes 30 y hasta el siguiente día, los guardias comentarios intercambiaron balazos, retuvieron personas y realizaron bloqueos carreteros, acciones que afectaron directamente a la sociedad ajena al conflicto. A más de una semana de estos hechos que exhiben la ausencia de autoridad en la entidad, donde grupos de autodefensa y bandas delincuenciales mantienen el control de territorios completos, el gobierno federal apareció para realizar estudios a los restos de los abatidos. Ello debido a que ayer la dirigencia del FUSDEG solicitó la intervención de autoridades federales “ante la dilación” de la Fiscalía estatal y con el propósito de “tener certeza” de la investigación, informó el promotor de la organización armada Crescenciano Ramírez. Ramírez López explicó que sostuvieron una reunión en la Ciudad de México con el subsecretario de Gobernación, Luis Felipe Miranda Nava, y ahí plantearon que el gobierno federal investigue los hechos violentos del 30 de marzo. Por ello, pidieron al funcionario federal su intervención para deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de la matanza. En respuesta, este día arribaron los peritos de la PGR a la zona del valle de El Ocotito, donde la mayoría de las poblaciones son controladas por la policía comunitaria del FUSDEG, con el fin de realizar diligencias ministeriales que no pudo hacer la Fiscalía estatal.