XALAPA, Ver. (apro).- A raíz del descubrimiento de una nueva narcofosa en el puerto de Veracruz, el sábado pasado, el Colectivo por la Paz Xalapa exigió que sea la PGR la que encabece las investigaciones de cementerios clandestinos en el estado. “Ellos (la SEIDO) sí encuentran fosas. La Fiscalía (General) del estado no”, afirmaron padres y familiares de más de una decena de personas secuestradas y desaparecidas en la entidad en los últimos tres años. Portando carteles en los que mostraban ficha de localización y fotografía de personas desaparecidas, exigieron a la Fiscalía General del estado que deje de “bloquear” las actividades y diligencias de la SEIDO en Veracruz, pues ya quedó demostrado que la tecnología que utiliza la autoridad federal, ha sido más eficiente que la estatal. “Está demostrado, por los últimos acontecimientos, que SEIDO sí encuentra fosas, que sí encuentra cadáveres y que la Fiscalía es incapaz e incompetente. “Exigimos que demuestren en periodo electoral que sí hay voluntad política para buscar a nuestros desaparecidos”, dijo María Elena Gutiérrez, tía de Rafael Espinoza, secretario de Estudio y Cuenta, del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) desaparecido desde la madrugada del 15 de agosto del 2013. Lucía de los Ángeles Díaz, madre de Guillermo Lagunes Díaz de Patas, secuestrado el 28 de junio del 2013, recriminó que aunque la Fiscalía “presume” resultados y localización de personas desaparecidas, al Colectivo por la Paz cada vez se “integran más” agraviados por la situación de violencia y desaparición de personas. “La Fiscalía no tuvo, no tiene resultados y toda la información que tienen la mantienen en secrecía. La inseguridad va en aumento y la apatía de las autoridades sigue siendo notable”, expuso. En una improvisada rueda de prensa, también estuvieron presentes Victoria Delgadillo Romero, madre de Yunery Citally Hernández, desaparecida el 28 de noviembre de 2011; Carlos Saldaña Grajales quien busca a sus hijos, Karla Nallely Saldaña y Jesús Alberto Estrada, quienes junto con otros 10 jóvenes desaparecieron en Xalapa. Además estuvieron familiares de Argenis Yosimar Pensado Barrera de 20 años, quien desapareció el 16 de marzo del 2014 y de Noemí Cortés Hernández quien salió a buscar trabajo el 5 de enero del 2005 y nunca volvió. La agitación del Colectivo por la Paz y de familiares de personas secuestras y desaparecidas volvió a activarse tras el hallazgo el pasado sábado de un nuevo cementerio clandestino. Vía telefónica, el titular de la Fiscalía, Luis Ángel Bravo, explicó que las diligencias y exhumación de restos humanos el sábado pasado por parte de la SEIDO se debió a la detención de personas vinculadas con la delincuencia organizada y porque ellos “dieron el punto exacto donde habían cometido la inhumación ilícita. Es la PGR quien lleva esa diligencia, no un servidor”, afirmó. Y atajó: “De ahí, en adelante, cuantas veces sea necesario, nos habremos de reunir con familiares del Colectivo por la Paz y con familiares de personas no localizadas. Sólo quiero que entiendan, que cuando se trata de una diligencia federal, no es nuestra competencia, aunque si la SEIDO pide cooperación, la otorgamos”. La molestia de los familiares de desaparecidos es porque hace dos semanas la Fiscalía realizó excavaciones en tres puntos de la ciudad –frente al mar, un predio abandonado y un bar cerrado– sin resultado alguno. Luis Ángel Bravo declaró que sólo se había hallado “el esqueleto de un perro”, lo que ocasionó una ola de críticas y burlas en las redes sociales hacia la dependencia que encabeza. Luego, el sábado pasado, peritos de la SEIDO y elementos de la Policía Federal (PF) hallaron restos humanos, ropa con huellas de sangre y al menos cinco cráneos en un terreno arenoso ubicado en un paraje de la zona norte del puerto de Veracruz, frente a la colonia Colinas de Santa Fe. Para hallar el punto exacto donde fueron enterrados restos humanos, las fuerzas federales se apoyaron con perros rastreadores y debido a la efectividad de la búsqueda los integrantes del Colectivo por la Paz Xalapa exigen que sea la autoridad federal la que se haga cargo de la búsqueda de sus familiares desaparecidos.