Chihuahua, Chih., (apro).- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que la asociación civil Espectáculos Extremos AC, organizadora de Extremo Aeroshow 2013, evento en el que perdieron la vida nueve personas, emitió facturas apócrifas. El pasado miércoles 15, el SAT publicó en su página oficial la lista de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar el servicio. En el caso de Espectáculos Extremos, presentó facturas falsas sobre los recursos que ejerció para Extremo Aeroshow 2013 y que en total sumaron 17 millones 130 mil 471 pesos para la organización de ese festival. La dependencia federal precisó que con el número de "oficio global de presunción" 500-05-2014-37003, del 31 de octubre de 2014, se notificó a los titulares de la asociación que preside Jorge Cuesta y les dieron 15 días hábiles para comprobar cómo se gastó ese dinero que recibieron del ayuntamiento de Chihuahua. Debido a que no recibieron respuesta, el organismo tributario hizo pública la información los primeros días de noviembre siguiente. Pero, además, la asociación enfrenta una demanda por 33 millones de pesos por parte del ayuntamiento de Chihuahua por los daños y gastos ocasionados tras la muerte de las nueve personas en el accidente registrado el 5 de octubre de aquel año, cuando el conductor de una troca monstruo perdió el control durante el festival. En esa ocasión hubo más de cien heridos, de los cuales alrededor de 60 presentaron querella por los gastos que les generaron las lesiones, en varios casos con secuelas de discapacidad física. Por ese hecho, el 5 de octubre de 2013 fue encarcelado el conductor de la monster truck, Francisco Velázquez Samaniego, y posteriormente se vinculó a proceso a Eliot Gerardo Castillo Hernández (representante de Demolition Show), Luis Felipe Valdez Caraveo (director de la asociación civil Eventos extremos), Guillermo Ávila Olivas (exsubdirector de Protección Civil municipal) y José Manuel Domínguez (coordinador u oficial de Protección Civil). Las víctimas también interpusieron demandas civiles ante el ayuntamiento y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), porque hasta ahora no han sido indemnizadas, ni se ha cumplido en su totalidad con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).