CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Este sábado se conformó un observatorio del movimiento Unión Ciudadana de periodistas, académicos y políticos externos al estado de Chihuahua, con el fin de dar seguimiento a la denuncia penal que enfrenta el gobernador César Horacio Duarte Jáquez por enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de sus atribuciones como servidor público. El grupo está conformado por el periodista y escritor Ricardo Raphael; la investigadora Clara Jusidman; la académica Teresa Lanzagorta; el exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa; la directora editorial adjunta de Newsweek, Adriana Amezcua; los políticos Gerardo Fernández Noroña, Porfirio Muñoz Ledo, Alejandro Encinas, Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Rufo, Carlos Heredia, Alejandro Madrazo y Denisse Dresser. La denuncia a la que darán seguimiento, para comenzar, es la que interpuso el abogado y activista Jaime García Chávez contra Duarte, para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue el origen de 65 millones de pesos con los que creó un fideicomiso para invertirlos en un banco en vías de creación, al que fondearon con recursos públicos con más de 80 mil millones de pesos. Debido a que la PGR no les ha permitido ver el expediente, interpusieron un amparo y el pasado 14 de abril, juez Sexto de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal otorgó la suspensión del amparo para que tengan acceso al expediente, según el expediente242/2015. Luego de la presentación del observatorio ante medios de comunicación en Chihuahua, los primeros seis acompañaron a Unión Ciudadana en la Marcha del Silencio, para exigir un alto a la corrupción. La marcha, en la que participaron alrededor de 800 personas de diferentes municipios, fue encabezada además por líderes panistas y del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Ricardo Raphael dijo que en Chihuahua y en el resto del país crece una gran intolerancia social frente al secuestro de las instituciones por élites gobernantes corruptas y destacó que ciudadanos de esta entidad han optado por la vía jurídica para abatir la corrupción y la impunidad, por lo que darán seguimiento y aprenderán con lo que suceda, para aplicarlo en otros estados donde la ciudadanía está decidida a no permitir más abusos de los gobernantes. “Lo que pasa en Chihuahua pasa en diferentes niveles, en otras partes del país. Esa intolerancia no se ha traducido en participación social para poner un alto. Hay miedo para oponerse por las consecuencias que pueda haber, tanto personales como de grupo”, detalló Ricardo Raphael. Refirió que Unión Ciudadana inspira para derrocar los impedimentos, porque han actuado por la vía legal o jurídica, con documentos fuertes presentados ante la autoridad federal, lo que resulta emblemático para obligar a modificar esas instituciones  poner al país en la ruta de la democracia. En esta entidad, dijo, hay una larga tradición de movilización ciudadana que ha transformado realidades y donde ha sonado la alarma antes que en el resto del país, como sucedió en la Revolución Mexicana, en 1986 y en otros momentos históricos. Se pronunció por entender lo que sucede en Chihuahua para entender lo que pasa en el resto del país. “Los movimientos masivos quitan el miedo y colocan el miedo en las autoridades (…) optamos por construir una red de testigos sociales para observar el trabajo de Unión Ciudadana y que esa red sirva para expresiones similares. Seguiremos paso a paso el ejercicio de participación en las calles y el curso legal de la demanda”, refirió. Al concluir la marcha, indicó que se animaron a concretar el observatorio y ser testigos del movimiento, luego de la represión que sufrieron los participantes de Unión Ciudadana el 28 de febrero pasado, donde provocadores enviados por el gobierno estatal y municipal agredieron y lesionaron a varios integrantes del movimiento. El exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa, aplaudió el proceso de los chihuahuenses que han salido a la calles a demandar respeto a sus libertades, porque hay signos preocupantes en el país. Figueroa indicó que en México se vive una regresión por el autoritarismo, de ahí la importancia de que los ciudadanos defiendan sus derechos y libertades, para no permitir más impunidad y corrupción, para apropiarse de los espacios públicos y de sus propios derechos”. Por su parte, la investigadora Clara Jusidman destacó que ha trabajado varios años con organizaciones civiles de Chihuahua y Ciudad Juárez, conformadas por ciudadanos muy diversos por sus posiciones ideológicos, pero con calidad y preocupación por su entorno cercano. Jusidman advirtió sobre la necesidad de reconstruir al gobierno, que éste sea empático con las necesidades de la gente porque actualmente hay control de los poderes y también de los órganos autónomos, que se supone que fueron creados para ser un contrapeso. “Ese es parte del botín que se están distribuyendo, por eso necesitamos comenzar por algún lado y Chihuahua puede ser un extraordinario ejemplo para quienes están hartos de abusos de poder, del cinismo, de la impunidad y de la corrupción, y si logramos tener éxito, habrá oportunidad de enfrentar a las instituciones para que realmente prevalezca un estado de derecho”, agregó. Para lograrlo, es necesario no sólo movilizarse sino utilizar los instrumentos jurídicos, “también en otros estados están hartos del abuso de virreyes gobernadores”, señaló Clara Jusidman. Para Gerardo Fernández Noroña, la denuncia de García Chávez desnudó al gobernador, a quien llamó “el gobernador desnudo. Él piensa que trae los ropajes más elegantes, cuando en realidad los de la corrupción, de la prepotencia, de la ilegalidad y de la impunidad y eso el país no lo quiere no lo quiere más”. Se pronunció por que Duarte no sólo se vaya del cargo sino que enfrente la cárcel, por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. “Hoy a los ciudadanos se les trata como delincuentes y los delincuentes gobiernan al país (…) Aquí se está dando una aportación valiosísima con la tarea de recuperar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo”. La académica María Teresa Lanzagorta destacó la importancia del movimiento y la dramática situación que se vive en Chihuahua, por lo que confirmó que serán testigos para ver lo que está sucediendo y para aprender de la experiencia con el fin de aplicarla en otras partes del país. El activista Jaime García Chávez dio los detalles de la denuncia, en la que evidencian un evidente conflicto de intereses del gobernador y del secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien era director de Unión Progreso, la institución crediticia que impulsó para constituirla en banco y a la vez, era tesorero del estado de Chihuahua. Víctor Quintana Silveyra, dirigente estatal de Morena, aclaró que no se puede dividir los señalamientos de los negocios del gobernador que han crecido, del mal gobierno, porque el desvío de recursos y la deuda púbica de más de 45 mil millones de pesos, afecta los servicios a la ciudadanía, como el caso del sector salud, principalmente. Al preguntar por los señalamientos que el gobernador hizo contra Javier Corral en el Senado de la República y que se han hecho en otros foros, sobre participantes de Unión Ciudadana, como el ex gobernador Francisco Barrio Terrazas, Ricardo Rapahel reprobó que un gobernador utilice la tribuna más alta de la Nación para atreverse a denunciar sin pruebas. Y sobre los medios de comunicación precisó: “que hagan su chamba, si no se pueden probar lo que se denuncia, que no hagan eco de esos señalamientos”. Jaime García Chávez conminó a quienes hacen señalamientos contra ellos a que presenten denuncias, porque al constituir Unión Ciudadana, saben a lo que se exponen. El senador Javier Corral indicó que la apuesta de Unión Ciudadana es una apuesta por el Estado de Derecho, por las instituciones aunque sean “maltrechas”. Durante la tarde, encabezaron la marcha Jaime García Chávez, los observadores y testigos, Víctor Quintana Silveyra, Pablo Cuarón, Francisco Barrio y Javier Corral Jurado, entre otros. En silencio, se pararon frente a los medios de comunicación más representativos, El Heraldo y El Diario de Chihuahua, para expresar su inconformidad contra la censura que hay en el estado. Jóvenes que participaron, pintaron frases en estaciones del sistema de transporte y en las instalaciones de la PGR, en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, desparecidos en septiembre pasado, y por otras causas.