QUERÉTARO, Qro. (apro).- El excoordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno de Querétaro, Serafín Sánchez Ramírez, fue hallado culpable por las autoridades electorales por difundir información denigrante contra uno de los candidatos opositores en Querétaro. Desde su cuenta de Twitter, Serafín Sánchez, siendo empleado en el gobierno priista de Querétaro, difundió en octubre del año pasado información en la que vinculaba al diputado panista, Marcos Aguilar Vega, con el grupo criminal encabezado por el narcotraficante, Héctor Beltrán Leyva El H. “El día en que se atribuye al suscrito que retwitte (sic) la imagen a que se refiere el denunciante en el hecho 1 de su denuncia, fue sábado, día que es inhábil, por lo que, no se hizo en todo caso, en horas de oficina; por otra parte, como el propio denunciante lo refiere, se hizo desde una cuenta personal del suscrito”, refutó Sánchez. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Querétaro atendió la denuncia presentada por el diputado panista y hoy candidato a presidente municipal, pero el 26 de febrero determinó, en un primer momento, “la inexistencia de la violación objeto de la denuncia”. No obstante, una impugnación ante el Tribunal Electoral Local, terminó por exhibir la conducta indebida de Serafín Sánchez, al advertir los magistrados de dicho Tribunal, que el Consejo General del OPLE no valoró adecuadamente las pruebas, pese a que la declaración del imputado constituye “una auténtica admisión” del único hecho que se le imputó. “El hecho de que (la acusación) se haya emitido de una cuenta de red social de carácter particular, es precisamente lo que demuestra el elemento del tipo que se refiere a la utilización de recursos privados del servidor público con la finalidad de inducir a los ciudadanos a no votar por cierta opción política”, resolvió el Tribunal Electoral. Los magistrados concluyeron que Serafín Sánchez fue responsable de incumplir con el artículo 241, fracción VI de la Ley Electoral, que prohíbe a los servidores públicos utilizar recursos privados con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. “Se tiene plena convicción por parte de esta autoridad respecto de que el denunciado confesó haber difundido vía Twitter un documento con el cual se trató de vincular al diputado federal Marcos Aguilar Vega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con un grupo delictivo encabezado por Héctor Beltrán Leyva”, detalló el Tribunal. Ante la salida de Serafín Sánchez de la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno, después de la difusión de información “denigrante”, el Tribunal agregó en su resolución la pertinencia de sancionarlo, aunque ya no estuviera en el supuesto de ser servidor público. “Sería ilógico que un infractor no fuera sancionado y quedara impune tan solo porque al momento de declararse responsable de la comisión de un ilícito, pidió licencia de su cargo como servidor público, se encuentra dado de baja temporalmente o haya renunciado al cargo con tal de evadir su sanción”, expuso. Fue así que el pasado 16 de abril el Instituto Electoral tuvo que rectificar su decisión y admitió que el coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno en Querétaro, cuyo titular es Jorge López Portillo Tostado, “incurrió en un acto indebido” al realizar dicha difusión. Sanción mínima Sin embargo, en el Consejo Electoral decidieron calificar la infracción como “leve”, al considerar que en el mensaje no se hizo una mención en materia electoral, por lo que interpretaron que no se pusieron en riesgo los principios de imparcialidad y equidad en el proceso electoral. De igual manera, en el OPLE consideraron que no hubo dolo sino sólo negligencia de Serafín Sánchez, además agregaron que no hubo reincidencia y que la conducta inició antes de las precampañas, entre otras atenuantes por las que aprobaron una sanción mínima. Las y los consejeros del OPLE de Querétaro, de quienes se ha cuestionado su imparcialidad (Proceso edición 2003) tenían la facultad para sancionar hasta por cinco mil veces el salario mínimo al exfuncionario priista, pero optaron por aprobar sólo una amonestación pública. La Comisión Jurídica es encabezada por el consejero Jesús Uribe Cabrera, un exempleado del gobierno priista de Querétaro, que fungió como director de Catastro. En tanto, el secretario ejecutivo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, Carlos Rubén Eguiarte Mereles, es un exsocio del actual coordinador de la campaña del priista Manuel Pozo Cabrera, contrincante del panista denostado por Serafín Sánchez.