Proceden contra juez que encarceló a activistas mayas

martes, 21 de abril de 2015
CANCÚN, Q. Roo (apro).- El juez sexto de distrito, Reynaldo Piñón Rancel, determinó que su similar penal de Carrillo Puerto, Javier Ruiz Ortega, incumplió la sentencia de amparo en la que estableció violaciones en la formal prisión dictada a los dirigentes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo), Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña, y en la que ordenó reponer el proceso contra ambos activistas mayas, presos por el delito de sabotaje. Según información proporcionada por los abogados de los procesados, Piñón Rangel determinó que el juez penal incumplió su sentencia de amparo al dictar nuevamente el auto de formal prisión en contra de Esquivel y Cab y Brito Piña, también secretaria de finanzas del Comité Municipal de Morena en Felipe Carrillo Puerto, quienes fueron detenidos tras encabezar protestas por el aumento de tarifas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la zona maya. En esta nueva determinación, el Juzgado Sexto de Distrito ordenó a Ruiz Ortega cumpla la ejecutoria de amparo en los términos en los que se definieron en la sentencia de este juicio de garantías. No obstante, al mismo tiempo esta instancia inició un procedimiento en contra de Javier Ruiz Ortega ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, y en el que se establece que podría ser separado de su cargo, e incluso consignado ante un juez federal por el delito de incumplimiento de sentencia. En esta nueva resolución, el juez sexto de distrito precisa: “Se advierte que la autoridad responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo, específicamente con los puntos 2.2, 2.3 y 2.4. De conformidad con el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Turno, para el efecto de que inicie el procedimiento que se contiene en el artículo 193 de la ley de la materia, para los efectos que ahí se detallan. “Con independencia de lo anterior, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos en ella precisados”. En su resolución del amparo 588/2014, el juez sexto de distrito había ordenado a Ruiz Ortega que mostrara las pruebas donde se acreditara el delito de sabotaje y, en su caso, configurar esa conducta, así como las evidencias de la participación de ambos acusados. Pero, en caso contrario, estaría obligado a dejar en libertad a Esquivel y Cab y Brito Piña, detenidos desde el pasado 18 de agosto. Sin embargo, de acuerdo con los abogados de los activistas, el juez Ruiz Ortega ratificó el auto de formal prisión con los mismos elementos de prueba que usó en su primera determinación y que son endebles. Los defensores de los activistas han insistido en que no hay manera de establecer el delito de sabotaje, toda vez que es equiparable al de “terrorismo y atentados contra el Estado”, y Esquivel y Brito simplemente participaron en protestas realizadas a las afueras de las oficinas administrativas de CAPA, ubicadas frente al parque principal de Felipe Carrillo Puerto. Cuestionan a Peña encarcelamiento de Canché Esta resolución del juez sexto de distrito ocurre casi de manera simultánea al pronunciamiento del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), donde cuestionó al presidente Enrique Peña Nieto por el encarcelamiento del periodista y activista Pedro Canché Herrera y la violación a su libertad de expresión, acusado también por sabotaje y detenido días después del encarcelamiento de Esquivel y Cab y Brito Piña. En una carta enviada a Los Pinos, el CPJ precisa: “Como presidente ha jurado defender la Constitución federal, que garantiza el derecho a la libertad de expresión para todos los mexicanos. Las medidas adoptadas por las autoridades locales de Quintana Roo y el injusto encarcelamiento de Pedro Canché infringen estas protecciones constitucionales”. En la misiva firmada por Joel Simon, presidente de la organización con sede en Nueva York, establece que con la detención de Canché se restringe la libertad de prensa.