OAXACA, Oax. (apro).- El Corporativo de Apoyo y Defensa de los Constructores Oaxaqueños (CADCO) exigió la renuncia de los titulares de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Perla Woolrich Fernández y Carlos Altamirano Toledo, respectivamente, por su presunta complicidad en actos de corrupción. El representante legal de la Asociación Civil, Luis Alberto Ramírez Colmenares, señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconoció que varios proyectos no han cumplido con los lineamientos y que en algunos casos han tenido que devolver 400 millones de pesos que formaban parte de Fonregión, recursos que por la “irresponsabilidad” del gobierno de Gabino Cué no se ejercieron. Antes, los inconformes acusaron al extitular de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial (Sinfra), Netzahualcóyotl Salvatierra López, por presuntas irregularidades en la asignación de obras por un monto de 2 mil 776 millones 18 mil 292 pesos. La denuncia por el ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad fue presentada en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, según consta en el expediente número 696/QD/2014. Sin embargo, los quejosos señalaron que a 126 días de iniciado el procedimiento existe una abierta protección a favor del colaborador de Gabino Cué. Y lo mismo pasa en la ASE, que no ha dado respuesta, ni el gobernador les ha concedido el derecho de audiencia. En la denuncia se destaca el mal uso de los recursos públicos que realizó Netzahualcóyotl Salvatierra como titular de Sinfra durante los ejercicios 2011, 2012, 2013 y el primer semestre de 2014. También aparecen el director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Guillermo Martínez Gómez, y el jefe del departamento de licitaciones y contratos de CAO, Humberto Juárez Vargas, por “ejercer indebidamente recursos económicos por un monto de 2 mil 776 millones de pesos”. A pesar de la exhibición de documentos, contratos y actas constitutivas de las empresas que se han visto beneficiadas con el mal uso de los recursos públicos, ni la Contraloría ni la ASE han procedido en contra de Salvatierra. Alberto Colmenares destacó que las obras por 2 mil 776 millones de pesos fueron adjudicadas indebidamente y significó “un tiro de gracia para las empresas oaxaqueñas, porque se quedaron sin trabajo y se favoreció el monopolio y a las empresas foráneas, ya que de las 2 mil obras autorizadas, solo se licitó el 10%. Ante la complicidad gubernamental estatal, decidieron acudir a la ASF, y el pasado 23 de marzo les confirmó que ya se habían realizado las revisiones al estado de Oaxaca, con alcance a Sinfra y CAO, a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y al Fondo Regional de los años 2011, 2012 y 2013. En la respuesta de la ASF se confirma que las instancias del gobierno estatal no han hecho su trabajo. Por ejemplo, a la obra de modernización y ampliación del camino San Vicente Coatlán-Paso Ancho, cuya empresa contratada fue JPA Construcciones SA de CV, se le asignaron 14 millones 436 mil 997 pesos, para realizarse del 9 de  julio al 5 de noviembre de 2012. La obra se cobró al 100%, pero no fue ejecutada. En otro caso, la autoridad del municipio de San Agustín Loxicha, a la que en 2012 el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) le otorgó 58 millones 111 mil, sólo justificó el 72% de los recursos transferidos, lo que significa que faltan por comprobar 11 millones 12 mil pesos. En síntesis, pese a que a la ciudadanía le cuesta 600 millones mantener a la Contraloría y la ASE a través de sus impuestos, en realidad ambas dependencias trabajan como si se tratara de un elefante blanco.