CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Las comunidades de la Baja Tarahumara enfrentan problemas de desplazamiento por el crimen organizado en algunas regiones y, más recientemente, padecen el incumplimiento de acuerdos pactados con las autoridades involucradas en la instalación del gasoducto El-Encino-Topolobampo. Gobernadores indígenas de aquella región enviaron un oficio a la directora adjunta de Impacto Social y Consulta de la Secretaría de Energía (Sener), con el fin de denunciar el incumplimiento de los compromisos que adquirieron los representantes de la CFE, la empresa Gas Natural del Noroeste (GNN), Comisión Nacional para los Derechos de los Pueblos Indígenas (CDI) y Coordinación Estatal de la Tarahumara. El martes 21 de abril se reunieron 84 gobernadores indígenas en la comunidad de Cuiteco, del municipio de Urique, y ahí plantearon la inconformidad por el incumplimiento de las dependencias y la empresa que tiene a su cargo la construcción del gasoducto. El acuerdo con la Sener fue que ésta dará seguimiento a los compromisos que se adquieran en las consultas de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara para el desarrollo del gasoducto. Sin embargo, de una reunión anterior realizada en febrero en la comunidad de Agua Zarca del municipio de Guazapares, a la fecha, las autoridades no les cumplieron los compromisos, como es el proyecto del cuidado de aguajes para que llegue agua a las comunidades, cuidado de la tierra y otros que tienen que ver con el medio ambiente y sus viviendas. "Ahí les mencionaron (los indígenas) que nada más lograron sacarles el sello y la firma como gobernadores y ya no han vuelto a las comunidades. En Agua Zarca les dijeron que no firmarían nada si no cumplían con los acuerdos. Y ahora querían que les firmaran para ir analizando su petición, pero los gobernadores indígenas les dijeron que la petición es clara: cuidar los aguajes para que haya agua en las casas, cuidado del bosque y la tierra y la restauración de la ecológica", detalló Guadalupe Montoya, integrante de la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac), organización que acompaña a las comunidades en la consulta. Además, solicitaron a la Sener que no entregue recursos a la Coordinación Estatal de la Tarahumara directamente, pues esta dependencia tiene sus propios recursos etiquetados y se adjudica los apoyos federales. Durante la reunión en Cuiteco, quienes dirigieron el encuentro no tomaron en cuenta la opinión de las organizaciones civiles que dan acompañamiento, como el caso de Cosyddhac, a pesar de que las mismas comunidades solicitaron ese acompañamiento, reprochó Guadalupe Montoya. "Ellos (los indígenas) han visto que no los han respetado ni a sus tiempos y tradiciones, dicen que no respetan ni la cultura, dicen 'para nosotros no fue consulta, sino una imposición', pues no se respetó el protocolo de consulta que hicieron junto con ellos", agregó Montoya. En el oficio enviado a la Sener indican que la inconformidad es generalizada por el incumplimiento de los compromisos: "Los indígenas requerimos se nos informe en qué va a consistir la recuperación del deterioro ambiental, socio-cultural y económico causado". Además, piden conocer quiénes conforman el comité de vigilancia para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos firmados del 21 de febrero. Entre quienes firmaron la petición destacan los gobernadores Emilio Arcuvilla Domínguez, de Baragomachi; Socorro González Moreno, de Cerocahui, Gabriel Cleto Cabada, de Ignacio Zaragoza; Gabriel Mora Valenzuela, de Guadalupe Coronado; Casiana Frías Navarro, de Cuiteco, y Teódulo Ortega Estrada, de Basagota. Acoso del narco Entrevistados aparte, pobladores de aquella región, principalmente de Urique, denunciaron que están viviendo el efecto "cucaracha" desde hace muchos meses, lo que ha tenido como consecuencia el desplazamiento de pueblos completos en las zonas más alejadas y de difícil acceso. El efecto “cucaracha” se ha registrado desde que los criminales se han desplazado de las ciudades a la sierra, tanto del estado de Chihuahua como de Sinaloa, y en esta última entidad se incrementa el problema por la militarización. A familias completas les dan un plazo de determinados días para abandonar sus casas y sus tierras, con la consigna de asesinarlos si no lo hacen. El crimen organizado está a la vista de todos y deben aguantarse porque en los pueblos más grades se conforman con que les hagan grandes consumos de mercancía de diferente tipo. Los grupos delictivos buscan las tierras para continuar con la siembra de mariguana y amapola. Las autoridades seccionales y municipales están enteradas, y cuando un habitante da parte a otros niveles estatal o federal, no obtiene respuesta. "No sabemos qué puede pasar, ellos (los delincuentes) traen hasta vehículos parecidos a los del Ejército". "El sufrimiento es demasiado, imagínese usted tener que salir con lo que puede porque le dan determinado tiempo para que se vaya".