MÉXICO, D.F. (apro).- Con burócratas acarreados, representantes del gobierno estatal comparecieron en la Cámara de Diputados para responder a los cuestionamientos sobre violaciones a los derechos humanos supuestamente cometidas por la administración de Rafael Moreno Valle. Desde las siete de la mañana, las sillas del salón de los Cristales en la sede legislativa fueron ocupadas por más de un centenar de burócratas, quienes fueron trasladados desde Puebla en autobuses. Para cuando el encargado de despacho de la Secretaría General del gobierno poblano, Jorge Benito Cruz Bermúdez, y el procurador Víctor Carrancá llegaron a la comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos, el lugar ya se encontraba “saturado” y los guardias impedían el acceso, incluso a la prensa. El diputado perredista Roberto López Suárez se quejó de que la presencia de estos servidores públicos para copar el espacio retrasó el acceso a representantes de agrupaciones sociales de Puebla, que previamente habían solicitado estar presentes en ese encuentro. “Vemos cuatro autobuses allá afuera, en los que llegaron personas que están aquí adentro del estado de Puebla, servidores públicos, que quisiéramos que se nos informara cuál fue el procedimiento para que se les dejara pasar y a otras personas no”, reclamó. También censuró que el mandatario Moreno Valle haya mostrado un “evidente desprecio” ante la reunión de trabajo con los legisladores, pues en lugar de asistir para responder a los cuestionamientos por las supuestas violaciones a derechos humanos cometidas por su gobierno, envió a un “encargado de despacho”. La diputada por el PRD, Roxana Luna Porquillo, reprobó la presencia de “acarreados” en el acto, mientras que representantes de organizaciones sociales de Puebla tuvieron que quedarse afuera. Algunos integrantes de Cholula Viva y Digna y de la organización de vendedores ambulantes “28 de Octubre” lograron ingresar al salón cuando la comparecencia estaba avanzada. Trataron de colocarse atrás de los funcionarios poblanos con tres mantas, pero el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos, Rafael Sifuentes, les impidió el paso y los replegó a un costado del salón. “Alto a Rafael Moreno Valle y su gobierno represor disfrazado de democrático, civil y respetuoso de la ley y los derechos humanos”, se advertía en uno de los letreros que pudieron mostrar. De la hora y 20 minutos que duró el encuentro, los funcionarios del gobierno de Puebla apenas ocuparon alrededor de 20 minutos para dar respuesta a los múltiples cuestionamientos de los legisladores. Los diputados preguntaron sobre la insistencia por mantener vigente la llamada “ley bala”, el cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los casos de “presos políticos”, el descontento generado por el parque en Cholula, y la agresión contra estudiantes del Colectivo Universitario por una Educación Popular, entre otros asuntos. El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno sólo repitió las respuestas que ya antes ha dado la administración morenovallista sobre esos mismos temas. “Son preguntas muy generales y que se repiten mucho, así que trataré de ser lo más general posible para tratar de abundar mayor en ello”, justificó el funcionario. Cruz Bermúdez defendió la llamada “ley bala” al asegurar que sigue lineamientos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, que fue avalada por la CNDH y que se ha sometido a comparativos con una ley similar a la vigente en el Distrito Federal. Además, hizo referencia a que recientemente el Congreso del de Puebla pidió que los legisladores federales revisen y enriquezcan esa misma ley. En cuanto a las recomendaciones que hizo la CNDH en torno al caso Chalchihuapan, en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, el funcionario estatal insistió en que están “prácticamente cumplidas”, pese a que el ombudsman Raúl González Pérez aseguró, unos días antes al comparecer ante la misma comisión, que su cumplimiento estaba incompleto. “La única recomendación que no se ha satisfecho en su totalidad es la que se refiere a la capacitación a policías, y no se ha hecho en su totalidad porque es una recomendación de trato sucesivo, va sucediendo en el tiempo… debe ser de carácter permanente”, excusó. Asimismo, aseguró que el proyecto que ha causado protestas públicas en Cholula no se trata de un parque de diversiones, sino “un esquema de mejoramiento urbano” que es supervisado y realizados por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Sobre los hechos ocurridos el 8 de febrero, cuando un grupo de estudiantes del CUEP fueron desalojados, secuestrados y golpeados, cuando realizaban una huelga de hambre en el zócalo de Puebla, Cruz Bermúdez aseguró que se trató de “un conflicto estudiantil” en el que no tuvo participación ninguna fuerza policiaca y que sobre el que hay una investigación abierta. En torno a los señalamientos de que están documentados al menos 134 “presos políticos” en la entidad, el funcionario afirmó: “En Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o posturas políticas o ideológicas, lo que sí quiero señalar es que en Puebla existe un marco legal e institucional que permite procesar a presuntos responsables de delitos del fuero común, quienes quiera que sean. “Hay libre manifestación de ideas, pero cuando la libertad de ideología y la expresión misma de ellas, lleva a la comisión de delitos como incendiar patrullas, como arrojar elementos explosivos a maquinarias diferente, por el simple hecho de defender una postura, consideramos que eso trasgrede el orden social y es menester del Estado que haya actuación en ello”, concluyó. Las preguntas que quedaron sin respuesta fueron muchas. La perredista Roxana Luna cuestionó sobre por qué el gobierno poblano no ha presentado los vídeos de las cámaras de la ciudad, ni de los comercios del zócalo que podrían ser clave para esclarecer las agresiones contra estudiantes del CUEP. También la legisladora entregó una la lista de 134 perseguidos que ha documentado el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla. Luego reclamó que el gobierno de Puebla no haya devuelto a los operarios de mototaxis sus unidades, pese a que la justicia federal les otorgó amparos en ese sentido, así como sobre la legalidad de los procesos judiciales que se siguen en contra del dirigente de la agrupación “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”, y su hijo, Rubén Sarabia Reyna. “Se ha señalado a atacantes encapuchados en casos como el de los estudiantes de la BUAP, mototaxis y la 28 de Octubre, entre otros, ¿tienen conocimiento de quiénes son estas personas? Pareciera que estamos ante un caso más de ataque de un grupo de paramilitares contra manifestantes en Puebla”, advirtió Luna Porquillo. En tanto que la diputada del Movimiento Regeneración Nacional, Loreta Ortiz, recordó que existen dos denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que implican al gobierno de Moreno Valle y por las que el Estado mexicano podría ser señalado como trasgresor a los derechos humanos. La legislador indicó que esas quejas se refieren a la llamada “ley bala” que, aseguró, violenta el derecho a la libertad de expresión y manifestación, y al caso de los “presos políticos”, en los que se ha documentado que fueron encarcelados sin respetar sus derechos de debido proceso y de presunción de inocencia. “Puedo apostar que en estos casos va a resultar responsabilidad al Estado mexicano”, afirmó. La legisladora priista Rocío García Olmedo se refirió al incremento de feminicidios que se han registrado en la entidad. A la vez, el diputado perredista Roberto López Suárez llamó la atención sobre que el gobierno de Moreno Valle aún no ha fincado responsabilidad al secretario de Seguridad del estado, Facundo Rosas, ni al procurador Víctor Carrancá por el caso Chalchihuapan. Y que los policías responsabilizados por disparar cartuchos de gas lacrimógeno contra los habitantes de Chalchihuapan fueron liberados la noche del 24 de diciembre. Igual, preguntó a Cruz Bermúdez, sobre si podría considerarse válida la disculpa pública a las víctimas cuando ninguna de las personas afectadas estuvo presente en el acto. Estas posturas contrastaron con la participación del legislador del Panal, René Roberto Fujiwara, nieto de la líder magisterial Elba Esther Gordillo, considerada la madrina política de Moreno Valle, quien se dedicó a resaltar los supuestos logros de la administración morenovallista. Al término de la comparecencia, los funcionarios poblanos salieron a toda prisa para evitar ser entrevistados. La diputada poblana Roxana Luna consideró que los representantes del gobierno morenovallista dejaron sin respuesta la mayoría de los cuestionamientos y dieron, “una vez más”, muestra de su postura cerrada al diálogo.