Indígenas triquis reprochan insensibilidad de Cué para reubicarlos

miércoles, 8 de abril de 2015
OAXACA, Oax. (apro).- Indígenas triquis desplazados de Valle del Río San Pedro se quejaron del “desinterés, negligencia y falta de sensibilidad” del gobierno de Gabino Cué para cumplir la medida cautelar que les concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace dos años y medio a fin de reubicarlos. Cué se comprometió a reubicar a los 77 desplazados, principalmente mujeres y niños, pero no cumplió y ahora –dijeron– tienen que padecer discriminación y humillación en la ciudad de Tlaxiaco, donde no les permiten tener servicio eléctrico, ni de salud y menos de educación por ser unas “coralillas” y “huarachudos”. “‘¡Ya vienen las coralillas!’ Así nos señalan por nuestra vestimenta roja que la comparan con la víbora de coralillo o a los hombres les dicen ‘¡Ahí vienen los huarachudos!’ por ser indígenas”, se quejaron. Ya pasaron dos años y siete meses y el gobierno de Gabino Cué ha incumplido con la petición de la CIDH. Los triquis desplazados viven en un refugio en condiciones inhumanas y todavía tienen que lidiar con el racismo de la gente que se opone hasta que les vendan pan. Eva Gómez Santos, representante de los desplazados, dijo al Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos que ellos también tienen derechos “y pedimos que nos atiendan”. Con lágrimas y la voz entrecortada, se quejó: “Aunque también somos de aquí, nos han tratado muy mal en Tlaxiaco. No hemos sido atendidos y tenemos que pasar humillaciones como la que nos dijo un habitante de la colonia ‘confórmense con el camino que caminan’. Al panadero le han llegado a quitar su canasto por vendernos pan”. Y cuestionó: “¿De verdad no pueden adquirir un terreno para nosotros? Llevamos más de dos años y la comisionada Eréndira no nos ha podido reubicar”. Al respecto, el ombudsman Arturo Peimbert Calvo reconoció: “Aunque los hemos acompañado no hemos sido tan eficientes”, por lo que se comprometió a emitir una recomendación por el incumplimiento del gobierno del estado y del municipio de Tlaxiaco. También se comprometió a darle seguimiento a la recomendación que emitirá y si es necesario, dijo, la llevará a la sala constitucional. En septiembre de 2012, la CIDH emitió el 29 de mayo de 2012 medidas cautelares para proteger los derechos de 77 indígenas triquis de Valle del Rio San Pedro perteneciente a San Juan Copala que fueron desplazados por la incursión de un grupo armado que pretendía asesinar a Eva Gómez Santos. Maurilio Santiago Reyes recordó que en el 2008, 15 familias de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutasani y Ladera, fueron desplazados de su comunidad por intolerancia religiosa, violencia por división de partidos políticos, presión de grupos armados y paramilitares y, sobre todo, porque los habitantes de San Miguel Copala fueron exterminados y otros encarcelados. Al ser desplazados y no contar con un lugar donde vivir y tierras que cultivar, se establecieron en terrenos ubicados a un lado de Cuadrilla de Gregorio Álvarez, Putla, donde crearon el asentamiento Valle del Rio San Pedro, San Juan Copala, en territorio triqui. Sin embargo, el 25 de enero de 2012, aproximadamente a las seis de la mañana, la comunidad triqui de Valle del Rio San Pedro, fue allanada por aproximadamente 200 elementos de la Policía Preventiva del estado fuertemente armados, con el fin de desalojarlos de las tierras. La tarde del 8 de mayo de 2012,  desde una camioneta de doble cabina donde viajaban cuatro sicarios asesinaron a Jaime Ramírez Martínez y Joaquín Martínez, así como Eulogio López Aguilar. El miedo a ser masacrados obliga a los triquis desplazados a huir de la violencia y así se mantuvieron durante un mes. Después de cuatro años de vivir en Valle del Río San Pedro y de llevar una vida casi suicida, 77 indígenas triquis –la mayoría mujeres y menores de edad- dejaron sus casas, sus muertos y hasta sus famélicos perros. El 3 de agosto, los últimos 43 indígenas triquis -22 de ellos niños y niñas- abandonaron su comunidad ante el temor de ser masacrados por el grupo armado que acecha la comunidad de Valle del Río San Pedro.  

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