CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia en la entidad (TSJ), Lambertina Galena Marín, advirtió que para resolver el conflicto laboral que desde hace más de tres semanas mantienen trabajadores del órgano en demanda de mejoras salariales y respeto al servicio civil de carrera, buscará "una salida jurídica". Además, justificó el nepotismo que impera en el Poder Judicial al argumentar que su hija, Paloma Oviedo Galeana, quien se desempeña como su secretaria particular, "gana un sueldo bajo". Los paristas han denunciado que Kenia, otra de las hijas de Galeana Marín, labora como proyectista de una sala familiar, mientras que su sobrina Lorena Benítez Radilla, es juez de Primera Instancia de lo familiar del Distrito Judicial de Hidalgo. Además, han señalado que la ausencia del Sistema de Carrera Judicial ha permitido que expresidentes del TSJ y al menos 13 magistrados hayan colocado de manera irregular a 30 familiares directos en distintos cargos del Poder Judicial. Pese a los hechos de violencia que se registraron esta mañana tras el desalojo de paristas que tenían tomadas cinco sedes del TSJ --de las cuales dos fueron recuperadas a golpes por normalistas de Ayotzinapa en Tixtla y ciudadanos en Iguala–, la magistrada Lambertina Galeana Marín dijo que pidió apoyo al gobernador interino, Rogelio Ortega, para restablecer el orden. En conferencia realizada en su despacho, la presidenta del TSJ aseguró que en las acciones simultáneas realizadas por la Policía Preventiva Estatal (PPE), no se presentaron "incidentes mayores". Calificó a los paristas como “reducido grupo” de 200 trabajadores y los acusó de negarse a resolver el conflicto a través del diálogo. La funcionaria señaló que, junto con el gobierno estatal, les han ofrecido 10% del 35% que demandan, pero que ellos lo han rechazado. Advirtió que la Fiscalía General Estatal (FGE) ya integró cuatro averiguaciones previas por diversos delitos entre ellos, obstrucción de la justicia. Dijo que el Consejo de la Judicatura del TSJ también integró procedimientos administrativos en contra de los paristas. Por su parte, el gobierno estatal emitió un comunicado donde rechazó que la acción policiaca haya sido un desalojo; sin embargo, evadió hablar sobre las reacciones violentas de grupos sociales que apoyan el movimiento de los paristas del TSJ. La administración del gobernador interino dijo que se trató de una acción coordinada entre el Ejecutivo y el TSJ para “resguardar los inmuebles” y “garantizar” el derecho de impartición de justicia de la sociedad. En la misma postura de la presidenta de Poder Judicial, el gobierno de Ortega Martínez admitió que utilizaron la fuerza pública para tratar de resolver un conflicto laboral con el argumento de que durante los 29 días del paro los trabajadores “no aceptaron llegar a acuerdos” y se agotó “la posibilidad del diálogo”.