OAXACA, Oax. (apro).- El consejero jurídico del gobierno del estado, Víctor Hugo Alejo Torres, admitió que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, violó órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al construir obras en territorio de los Chimalapas. El gobierno de esa entidad ha realizado seis obras, pese a que el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruz admitió dos demandas de amparo interpuestas por los pueblos zoques de Santa María y San Miguel Chimalapas, con lo que quedó suspendido provisionalmente cualquier acto para crear el municipio “Belisario Domínguez”, dijo. El funcionario estatal recordó que el 14 de febrero de 2012 el Poder Judicial Federal concedió la suspensión de los actos de afectación o privación de la propiedad, o de la posesión y disfrute de las tierras, aguas, pastos y montes, así como los privativos de los derechos agrarios del Comisariado de Bienes Comunales de las comunidades señaladas. No obstante, el gobierno de Manuel Velasco ha construido escuelas, clínicas de salud, el Palacio Municipal y obras de agua en la zona en litigio. Las demandas de amparo fueron interpuestas por representantes agrarios de las comunidades zoques colindantes con el estado vecino, con el propósito de impugnar el Decreto 008 publicado en el periódico oficial de esa entidad federativa el 23 de noviembre de 2011, mediante el cual el Congreso chiapaneco estableció crear el pretendido municipio de “Belisario Domínguez”. En su comparecencia ante el Congreso oaxaqueño, el consejero jurídico reconoció que el gobierno de Chiapas sigue invadiendo y con ello violentando las disposiciones judiciales. Mencionó que el 22 de marzo de 2011 el perito oficial en materia de topografía designado por el juez sexto de distrito determinó que las autoridades chiapanecas violaron la suspensión del plano de San Miguel Chimalapa al construir un muro de conexión de agua potable que se ubica parcialmente en terrenos de ese poblado. El 13 y el 24 de julio de 2013, apuntó, el perito oficial de topografía determinó que los amparos 141/2012 y 143/2012 sí fueron violados, y adelantó que mañana se desahogarán pruebas en el juicio de amparo promovido por San Miguel Chimalapa. Si se confirma que hubo violación, se podrá seguir un juicio político contra los servidores públicos de Chiapas que hayan violentado la ley, destacó. Al preguntarle si esa medida podría alcanzar al gobernador de Chiapas, Alejo Torres respondió: “A todos los que hayan intervenido. Vamos a exigir que se sancione a cualquier servidor público, y alcanza a todos los que hayan intervenido desde la licitación, autorización del presupuesto y ejecución de la obras”.