Exigen ampliar indagatoria contra OHL por extensión de concesiones en Edomex

domingo, 10 de mayo de 2015
TOLUCA, Edomex. (proceso.com.mx).- El Gobierno del Estado de México se encuentra obligado a ampliar la investigación por el caso OHL a otros integrantes del gabinete, como el exsecretario técnico, Indalecio Ríos, a no descartar al gobernador Eruviel Ávila e incluso a llegar al gabinete federal, pues apenas en febrero pasado el Ejecutivo estatal promovió la ampliación de los plazos de concesión para las autopistas que esta empresa opera en la entidad, advirtió el diputado con licencia Octavio Martínez. El actual candidato a la presidencia municipal de Ecatepec recordó que su bancada, la del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se opuso el pasado 12 de febrero, cuando la Legislatura mexiquense convocó a un urgente periodo extraordinario de sesiones para desahogar con celeridad una iniciativa del Ejecutivo estatal, a la ampliación de las concesiones de operación de autopistas. La reforma al Código Administrativo del Estado de México, avalada por la mayoría de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista (PVEM), facultó a la Secretaría del Transporte para que decida sobre la ampliación de los contratos con las empresas que operan las autopistas, a pesar de que hayan recuperado su inversión antes de concluir el plazo establecido. A cambio, la misma dependencia sólo debía fijar, de forma discrecional y unilateral, “la contraprestación que considere pertinente”. Con la modificación, recordó el perredista, el Gobierno del Estado de México renunció a la oportunidad inédita para allegarse de dos mil cien millones de pesos que anualmente arrojan como utilidad las autopistas de la entidad. El Ejecutivo mexiquense arguyó incapacidad financiera y técnica para operar las vialidades, justificación que el perredista consideró absurda. Autorizar la ampliación de los contratos, dijo, implicó renunciar a explotar y recibir más de dos mil cien millones de pesos, aunque hay otros datos que establecen que pueden ser dos mil 400, que podrían servir para el desarrollo de la entidad. “El Estado no debió renunciar anticipadamente a esos ingresos; dice que no está en condiciones de asumir la operación (de las autopistas), pero se tienen utilidades equivalentes al presupuesto anual de Toluca, Naucalpan, o de 15 municipios rurales, recursos que podrían emplearse para obra pública, salud, programas sociales, educación y seguridad”, expuso. La reforma, destacó, fue parte de una serie de acuerdos del Gobierno de la República con la concesionaria, y por eso fue aprobada con urgencia. El perredista recordó que, al fijar personalmente el posicionamiento de su grupo parlamentario en tribuna, denunciaron que detrás de la iniciativa se encontraba la empresa española OHL, beneficiaria de varias autopistas en la entidad, incluida la más cara del país: el Circuito Exterior Mexiquense. “Es en el Estado de México donde se encuentran las carreteras de cuota más onerosas de todo el país y de América Latina. Soy de los que cree que esta iniciativa se hizo en el corporativo de OHL, una empresa que se empezó a desarrollar en el Estado de México, que mutó a la rama de aeropuertos y hotelera, atropellando permanentemente derechos de particulares”, señaló entonces. Al día de hoy, reiteró, el Circuito Exterior Mexiquense tiene litigios con más de mil 200 familias de Ecatepec, Tultitlán y Coacalco porque dañó estructuralmente su patrimonio, “la empresa se comprometió a indemnizar en casos incluso de pérdida total y es la hora que no ha dado ni un centavo”, lamentó. Por estas razones, Martínez Vargas indicó que si de verdad el Gobierno del Estado se encuentra dispuesto a la transparencia, y ha anunciado su voluntad para regular, evitar y sancionar los conflictos de interés, y para abatir la corrupción, debe ampliar la investigación a otras obras de la empresa en la entidad, a funcionarios de primer nivel de su gabinete, incluido su entonces secretario técnico, Indalecio Ríos, en su calidad de coordinador de todas las acciones de los funcionarios estatales, al propio gobernador y a funcionarios del gabinete federal.