Gobierno de Veracruz no protege a periodistas: Wola

jueves, 14 de mayo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- La Oficina de Washington en América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) destacó este jueves que el asesinato del reportero veracruzano Armando Saldaña Morales, el pasado lunes 4, “demuestra el fracaso en proteger el trabajo de periodistas y apoyar la libertad de expresión en el estado (de Veracruz)” por parte del gobernador de la entidad, Javier Duarte. Saldaña Morales, quien trabajaba como reportero en la radio “La Ke Buena” de Tierra Blanca, Veracruz, fue encontrado sin vida en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Su cuerpo presentaba marcas de tortura y varios disparos. “Fue el tercer periodista de Veracruz asesinado este año y el duodécimo desde que el gobernador Javier Duarte asumió el cargo en 2010”, recordó WOLA al insistir que esa entidad es “uno de los estados más peligrosos para periodistas”. El pasado lunes 11 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un boletín en el que expresó su “preocupación” por el asesinato de Saldaña Morales, así como por el secuestro en Iguala, Guerrero, del periodista y conductor de ABC Radio, Bernardo Javier Cano Torres, el jueves 7. En esa ocasión la CIDH instó a las autoridades mexicanas a “actuar de manera pronta y oportuna para encontrar con vida al periodista secuestrado y esclarecer los motivos del asesinato ocurrido, además de poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a los responsables”. Añadió: “La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual estos ataques estarían asociados con el ejercicio de la profesión de los periodistas y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales”. En su pronunciamiento, WOLA recordó que en 2014 los periodistas en México sufrieron 326 agresiones, que 89% de los delitos perpetrados contra integrantes de la prensa se mantiene impune, y que desde 2011 la organización Freedom House sitúa a México en la categoría de los países dónde la prensa es “no libre”. Además, reafirmó que la falta de personal y de fondos, sumada a los problemas de organización, retrasos y la metodología poco clara, hicieron del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas una instancia poco eficaz, a pesar de contar con financiamiento del gobierno estadunidense, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). “La libertad de expresión seguirá siendo limitada en México a menos que las autoridades mexicanas investiguen y sancionen adecuadamente estos delitos y apliquen mecanismos eficaces para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo”, subrayó.