CAMPECHE, Camp. (apro).- Apicultores del municipio de Hopelchén presentaron una demanda de amparo por omisión en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por negligencia en la protección al medio ambiente. Según los denunciantes, ambas instancias se negaron a proceder contra Monsanto por la siembra ilegal de soya transgénica en la entidad, de manera que eludieron la tarea de inspeccionar, monitorear, vigilar y tomar acciones contra ese cultivo genéticamente modificado y que afecta la producción apícola. Recordaron que en marzo y abril de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, concedió sendos amparos (753/2012 y 762/2012) a comunidades y asociaciones de apicultores mayas en contra del permiso que la Sagarpa otorgó a la trasnacional Monsanto para la siembra –en fase comercial– de 235 mil hectáreas de soya transgénica, que afectaban ocho municipios del estado de Campeche. De acuerdo con la sentencia, se violó el derecho a la consulta del pueblo maya asentado en Campeche, y dejó sin efectos el citado permiso. No obstante, entre agosto y septiembre del año pasado los apicultores y ejidatarios del municipio de Hopelchén se percataron de que “en grandes extensiones de tierra, en el ejido de Ich-Ek, se estaba sembrando esa leguminosa genéticamente modificada, es decir, se estaba violando lo establecido en las sentencias de amparo que dejaban sin efecto el permiso”. Por ello, el 9 de octubre pasado presentaron una denuncia popular ante la Profepa y una solicitud a Sagarpa y Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) para que se inicie procedimiento administrativo en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. En específico, los apicultores solicitaron a las delegaciones de la Profepa y la Sagarpa que realizaran labores de inspección y vigilancia en la zona, a efecto de corroborar la siembra de soya genéticamente modificada y prevenir o, en su caso, detener su siembra. También, que dentro de las medidas específicas a tomar se estableciera el aseguramiento precautorio de todo cultivo de soya genéticamente modificada que se haya sembrado en el estado de Campeche y que deberá contemplar la suspensión total de actividades económicas, agronómicas y de toda índole relacionadas con la siembra de ese producto, así como el impedimento de cosechar, movilizar, comercializar o aprovechar, todo o en parte, el cultivo. De igual manera, investigar y determinar las responsabilidades de empresarios y agricultores que han sembrado soya transgénica a pesar de no existir un permiso vigente, así como de funcionarios y exfuncionarios de las dependencias relacionadas con la bioseguridad, cuya negligencia permitió que la siembra de soya y posible contaminación ocurriera, aplicando las sanciones respectivas en los términos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). No obstante, los denunciantes señalaron que a siete meses de haber presentado las solicitudes, ninguna de las dos dependencias “ha realizado ninguna investigación, ni mucho menos implementado medidas de verificación, vigilancia, monitoreo, ni sanción”. Esas omisiones, destacaron, violan el derecho que tienen los apicultores a contar con un recurso efectivo que los proteja frente a las afectaciones a su derecho a un medio ambiente sano y sus derechos culturales. “La siembra ilegal de soya transgénica en la entidad se ha dado con total impunidad y frente a la impasibilidad de la Profepa y Sagarpa, a pesar de la existencia de dos sentencias favorables”, subrayaron. Advirtieron que la situación es “alarmante”, ya que se aproxima la temporada de siembra de soya y existe el temor fundado de que nuevamente se sembrará la semilla transgénica, dadas las condiciones de permisividad y la falta de acción de ambas instituciones”. Insistieron en que la siembra de ese producto afecta la práctica de la apicultura, actividad que representa el sustento de miles de familias, fundamentalmente mayas, de la Península de Yucatán, “pero también va ligada al incremento en el uso de plaguicidas, especialmente de glifosato, que acaba de ser catalogado como posible cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.