XALAPA, Ver. (apro).- Familiares de Armando Saldaña Morales se plantaron a las puertas del palacio de gobierno para exigir al gobernador Javier Duarte y a la Fiscalía General del Estado (FGE) que intervengan para que se esclarezca el homicidio del periodista. También demandaron al gobierno de Duarte instar a su homólogo de Oaxaca, Gabino Cué, para que “agilice” las diligencias ministeriales para dar con el paradero de quienes mataron al reportero de la K-Buena. El cuerpo de Saldaña Morales fue hallado el lunes 4 en una parcela localizada entre las comunidades de Morelos y La Aurora, en el municipio oaxaqueño de Cosolapa. El cadáver presentaba huellas de tortura y tenía cuatro impactos de bala en la nuca. La víctima, de 53 años, trabajaba en las estaciones radiofónicas la Ke Buena y Radio Max, y había colaborado en otros medios veracruzanos como El Mundo de Córdoba, El Sol de Córdoba y La Crónica de Tierra Blanca, y era locutor del programa La Grilla Punto y Debate. Este viernes, Cristina Saldaña, hija del comunicador veracruzano asesinado en Oaxaca, enumeró las presuntas irregularidades en las que incurrió el MP oaxaqueño: A la fecha no está lista la necropsia de su padre; dos días después del asesinato los peritos tuvieron que ir al velorio de Armando Saldaña porque se les “olvido” tomar la huella dactilar; no hubo certificado médico y, peor aún, no existe acta de defunción porque en el municipio de Tezonapa nadie la pudo expedir. “Y más lamentable es que el gobierno del estado donde nació mi padre, Veracruz, se lave las manos y diga que toda la competencia del homicidio corresponde a Oaxaca, cuando ya nos quedó claro que en ese estado no quieren saber nada del asesinato del reportero veracruzano”, expresó. Tras 45 minutos de espera, en donde la viuda María Isabel Jasso; su hija Cristina Saldaña, y Delfina Saldaña, hermana del reportero, se plantaron en las afueras del palacio de gobierno, funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno y de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) salieron a atender a los quejosos, y de paso se firmó una “minuta compromiso” para exigir al gobierno de Oaxaca que agilice las investigaciones y que atraiga el caso la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Libertad de Expresión (FEADLE). Un poco antes, al mediodía, el secretario particular del gobernador Enrique Ampudia hizo su arribo al inmueble oficial ante la “solicitud de atención” por parte de la prensa de Xalapa y de los familiares de Armando Saldaña. Sin embargo, el funcionario priista evadió los reclamos de la siguiente manera: “Yo soy el particular del gobernador, no veo esos asuntos” para meterse de forma presurosa al palacio. Y fue hasta que reporteros locales comenzaron a subir imágenes de la protesta a redes sociales que por fin llegó una comisión de servidores públicos del Estado. “Armando Saldaña era veracruzano, no oaxaqueño, hace unos años mi difunto esposo votó por Duarte, él creía que las cosas iban a cambiar y vean, ya está muerto. ¿Qué no entiende nuestro dolor?”, recriminó a los funcionarios la viuda María Isabel Jasso. En reunión con René Álvarez, representante de la FGE, y de Jorge Morales, de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), los familiares se quejaron de las condiciones en que les fue entregado el cuerpo del reportero de la Ke-Buena: “Le cortaron la oreja, le quemaron los pies, tenía destrozada la cabeza, tres balazos, quien o quienes lo mataron actuaron con saña”, narró Cristina Saldaña para luego quejarse de que ni el gobierno de Duarte ni el de Cué han ofrecido protección a la familia del reportero asesinado. En la reunión, María Isabel Jasso exclamó: “¿Dónde está el señor gobernador? Pedimos que se haga justicia… Tenemos miedo, tenemos dolor pero también tenemos mucha rabia”. Finalmente, los representantes de la CEAPP se comprometieron a proporcionar un “abogado coadyuvante” en la investigación ministerial; además, apoyará en los trámites para obtener una “indemnización” de los medios donde trabajaba Saldaña, y se buscará, expuso Jorge Morales, otorgar medidas cautelares de protección a la familia del reportero de la Ke-Buena.