CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Luego de más de seis meses de lucha contra las autoridades que les vendieron casas en una zona contaminada con materiales afectados por la antigua fundidora Ávalos, familias del fraccionamiento Rinconada Los Nogales interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) el jueves pasado en contra de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los responsables de la fundidora Ávalos. Otro grupo prepara otra demanda por las mismas causas, mientras avanzan las quejas interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). [gallery type="rectangular" ids="407543"] La denuncia fue interpuesta ante la Agencia Especializada en Delitos Ambientales por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, debido a que la fundidora de Ávalos no aplicó medidas de prevención o seguridad, problemática que es evidente a simple vista porque aún realizan actividades de almacenamiento, desecho y hay abandono de sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas y tóxicas, de acuerdo con la denuncia. Los denunciantes advierten que se siguen causando daños a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua y del medio ambiente en que viven, habitan y trabajan los vecinos de Rinconada Los Nogales y en el asentamiento tarahumara aledaño a la fundidora. “Luego de esta denuncia, es un hecho que los tres niveles de gobierno quedan invitados —y obligados— a participar activamente en la solución a esta problemática de la ciudad de Chihuahua. Consideramos que es responsabilidad del Estado mexicano involucrarse activamente en la remediación de esta problemática tan delicada. Consideramos que el que se mantenga viviendo a estas personas en una zona contaminada por metales pesados, la mayoría de los cuales son empleados del gobierno del estado, que confiaron en su patrón cuando les dio crédito para adquirir un pie de casa, constituye un trato cruel, inhumano y degradante, que atenta en contra de su dignidad humana”, señalan los demandantes asesorados por el defensor de derechos humanos, Felipe Ponce. Los afectados consideran que en este caso, el Estado mexicano en su conjunto incumple en perjuicio de los vecinos de Rinconada Los Nogales y del asentamiento tarahumara, “con sus compromisos internacionales en materia de protección y defensa de los derechos humanos, que fue precisamente lo que originó la queja que se interpuso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo el expediente CM 525/2014”. El viacrucis Los vecinos de Rinconada Los Nogales se dieron cuenta por los medios de comunicación, sobre estudios que realizó la Secretaría de Salud desde 2012 en los que se evidencian altos niveles de plomo en la sangre de estudiantes de las escuelas del fraccionamiento y no se los habían dado a conocer. Impulsados por las anomalías en la salud de sus hijos y alertados por las notas periodísticas, interpusieron primero la queja ante la CEDH y comenzó el viacrucis por diferentes dependencias gubernamentales. Fueron ignorados. El 17 de diciembre del 2014 tomaron la primaria y el kínder del fraccionamiento y los cerraron como medida de protesta. Fue el inicio de varios plantones y cierre de calles incluso la que está situada frente al Palacio de Gobierno. Les dieron una cita y comenzaron las tradicionales mesas de trabajo con las que el gobierno estatal da salida a las manifestaciones de los chihuahuenses. La intención fue la búsqueda de soluciones al problema de la contaminación por metales pesados en la zona aledaña a la fundidora de Ávalos. Las autoridades de salud, educación y de la vivienda ofrecieron a los padres de familia la reubicación de sus hijos a escuelas cercanas, atención médica gratuita y 12 casas en préstamo para los casos más graves, mientras obtenían los resultados de estudios de suelo, aire y agua del lugar. Luego prometieron internar a más de 300 niños en el hospital Infantil de gobierno estatal, para hacerles todos los estudios necesarios, pero terminaron por tomarles muestras simples y sólo pasaron un fin de semana en el albergue del nosocomio, más de 30 niños. Las muestras que les tomaron, les dijeron, fueron enviadas al Instituto Politécnico Nacional para realizar estudios moleculares en búsqueda de afectaciones por metales pesados. El pasado 24 de febrero, el gobierno estatal reconoció que sí están contaminados el agua, el suelo y el aire, principalmente de arsénico. El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coerpris), Jesús Moisés Yáñez Jurado, informó al CEDH por el oficio 001629 el pasado 24 de febrero, que el suelo, aire y agua de la zona aledaña a la fundidora de Ávalos sí está contaminada por metales pesados, principalmente por arsénico. Aun así, decidieron esperar a que pasara el domingo 7 de junio para que las autoridades no asuman que es un caso político, esperaron que el gobierno estatal tomara de inmediato acciones para proteger la vida y la salud de sus familias. No sucedió. Ni siquiera les han presentado un plan de contingencia, ni de remediación, ni plan de evacuación. Las autoridades que se han comprometido con ellos son principalmente el secretario de Educación, Cultura y Deporte (SECyD), Marcelo González Tachiquín y el secretario de Salud, Pedro Genaro Hernández Flores. “En todo momento se les pidió a los vecinos de Rinconada Los Nogales paciencia para esperar los resultados de los estudios científicos. Por parte de los vecinos, desde el primer día que iniciaron los cierres de calles, se pidió una hoja de ruta para la evacuación total de la comunidad. Luego de que se ofreció la realización de diversos estudios, se pidió que la hoja de ruta comprendiera los planes de acción ante los distintos escenarios que podrían arrojar las pruebas científicas”, señala Ponce. Las autoridades pidieron a los vecinos no “politizar” el problema y estuvieron de acuerdo, por eso esperaron a que pasara el proceso electoral para interponer la denuncia penal, porque consideran que efectivamente no es problema político sino de contaminación ambiental añejo y complejo. Los resultados que tiene el gobierno Los resultados con los que cuenta gobierno del estado y que fueron entregados como evidencia en la denuncia ante la PGR, son: El laboratorio regional de salud pública del estado de Chihuahua practicó exámenes de flúor al agua y el laboratorio Agrolab Análisis Técnico de arsénico, plomo, cadmio, fierro, zinc, cobre y cromo. “Se tomaron 36 muestras, de las cuales 9 son de pozos y 2 de tanques elevados. E resto se realizó en tinacos de almacenamiento y tomas domiciliarias, ubicados entre 120 y 500 metros de la posible fuente de contaminación, en Rinconada Los Nogales”. Los resultados encontrados se contrastaron con las normas oficiales mexicanas correspondientes: Se encontró plomo arriba del límite permisible por la NOM, en once muestras; se encontró cadmio arriba del límite permisible en una muestra; se encontró flúor arriba del límite permisible en cuatro muestras. En cuanto al aire, los estudios fueron practicados por el laboratorio de calidad del aire, del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) y el monitoreo de partículas respirables PM10 y metales se realizó del 11 de noviembre al 12 de diciembre del 2014 en dos unidades de medición, una en la alberca del DIF en la Deportiva Sur y otra en la escuela Primaria José Vasconcelos de Rinconada Los Nogales. “La conclusión de estos estudios es que las concentraciones de los metales decrecen conforme el sitio de muestreo se encuentra más alejado de la antigua fundidora en Ávalos, especialmente de arsénico, cadmio, cobre, plomo y zinc”. Encontraron concentraciones de esos metales por arriba de los parámetros de la norma oficial correspondiente. Los estudios de suelo los practicó el Centro de Calidad Ambiental e intervino la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. El 18 de noviembre de 2014 tomaron 12 muestras en la zona y encontraron arsénico en siete lugares, plomo en seis lugares y cadmio en uno.