Despiden a académico por exigir transparencia en pensiones

martes, 2 de junio de 2015
COLIMA, Col. (apro).- José Jesús Lara Chávez, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad de Colima, denunció que fue despedido de esa institución en represalia por haber participado en la huelga de hambre que el año pasado realizaron ocho trabajadores universitarios para exigir la transparencia en el manejo de los recursos del fondo de pensiones. En una rueda de prensa que ofreció en el exterior del edificio que alberga el que fuera su laboratorio en el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas (CUIB), Lara Chávez comentó que desde septiembre de 2014 iniciaron las acciones en su contra con la suspensión del pago de su salario, aunque él siguió presentándose a trabajar, hasta que el 22 de mayo pasado cambiaron la chapa de la puerta del área donde laboraba, por lo que anunció que interpondrá una demanda laboral contra las autoridades de la casa de estudios. Doctor en fisiología y poseedor de tres post doctorados –uno de ellos por el National Institute of Health (Instituto Nacional de Salud) localizado en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, el instituto de salud más grande en el mundo–, el investigador tiene una antigüedad de 16 años como académico de la universidad colimense. Como resultado de su investigación más reciente, que le ocupó los últimos cuatro años, desarrolló un tratamiento para la reconstrucción de tejido óseo mandibular y cartílago articular mediante la manipulación de células madre, que permite prescindir del procedimiento quirúrgico tradicional y se realiza a muy bajo costo. A partir de este método, dijo, como expectativa de investigación a mediano plazo piensa dedicar sus esfuerzos para el tratamiento del cáncer, particularmente el de mama, mediante la redirección de las células tumorales. Sin embargo, apuntó, como consecuencia de su despido y de que se le impidió la entrada a su laboratorio, se perdieron cultivos cuyo desarrollo requirió meses de trabajo. Lara Chávez manifestó que desde el año pasado, cuando se le retuvo el salario, la parte patronal argumentó la rescisión de su contrato, pero ésta se hizo sin cumplir los requerimientos legales, por lo que continuó laborando y cuenta con las pruebas de los resultados obtenidos desde entonces, tanto en su labor de investigación como de impartición de cursos a estudiantes universitarios. “Siento una gran indignación y frustración ante la violación constante de mis derechos humanos y laborales por parte de algunas autoridades de la Universidad de Colima”, donde “el respeto a los derechos humanos y laborales se pierde si te atreves a hacer uso de tu libertad de pensar, expresar y actuar de manera diferente a la línea del rector”, subrayó. En un documento que leyó ante los representantes de los medios de comunicación, el académico culpó directamente de su situación al director de Recursos Humanos, Juan José Guerrero Rolón, y al abogado general de la Universidad, Elías Flores García. A pocos metros del lugar donde Lara realizaba la declaración, agentes de seguridad de la institución académica tomaban fotografías de la escena y al final cuestionaron a algunos reporteros sobre los medios a los que pertenecen. El investigador despedido refirió que “innumerables veces” ha escuchado al rector, José Eduardo Hernández Nava, hablar del respeto al estado de derecho, por lo que le envió el siguiente mensaje: “La manera como usted se conduce prueba claramente lo contrario  de lo que predica, quedando los universitarios en completo estado de indefensión, en ausencia plena de un estado de derecho”. Añadió: “En la Universidad de Colima, máximo centro del saber de los colimenses, donde se debería de ejercer, más que en ningún otro lugar, la libertad académica, ésta se ve limitada por el miedo a la represión de parte de quienes la tienen secuestrada”. Lara dijo que como consecuencia de la huelga de hambre que inició el 29 de abril y concluyó el 7 de junio de 2014, sufrió secuelas en su salud, una de ellas “la depresión y consecuente recaída en el alcoholismo (10 días, del 16 al 30 de agosto), una enfermedad que he padecido desde hace años”. En estas circunstancias, expuso, “la autoridad patronal, que estaba atenta en espera de una excusa para afectarme, utilizó mi recaída como medio ideal único para emprender la persecución de que soy objeto, de tal manera que he sido doblemente victimizado por aquellos a quienes denuncié: la primera al sufrir los daños a mi salud como consecuencia de mi largo ayuno, y por otra parte se aprovechan subrepticiamente de mi enfermedad para afectarme económicamente”. El académico refirió que su caso se suma a los de cinco profesores más que han sufrido represalias por haber participado o apoyado la huelga de hambre del año pasado, tres de los cuales fueron despedidos: Pedro Vidrio Pulido, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con 11 años de antigüedad y 25 horas frente a grupo; Teresa Hernández Ortiz, del Bachillerato Técnico 23 de Manzanillo, con 24.5 años de antigüedad y 35 horas frente a grupo, y Hugo Marcelino Coronado Carreón, con 11 años de antigüedad y 40 horas frente a grupo en las facultades de Contabilidad y Administración, así como Ciencias Marinas, y el Bachillerato Técnico 23 de Manzanillo. En tanto, a la profesora Yanalum Cerda Guzmán, adscrita a la Dirección General de Orientación Educativa, con antigüedad ocho años cinco meses, le fueron reducidas sus horas de trabajo de 40 a 25, y al profesor José María Anguiano, del campus Tecomán, le bajaron sus horas de clases de 40 a 20. En su caso particular, Lara Chávez indicó que la retención de su salario desde septiembre de 2014 es “no sólo inmoral e ilegal”, sino que se ha realizado “en desprecio de las leyes que nos gobiernan y en menoscabo de las instituciones”. De igual manera, informó que prepara una demanda laboral contra las autoridades universitarias y exigió que se le paguen las quincenas atrasadas de su salario y “que se garantice el respeto a mis derechos humanos, laborales y mi libertad de expresión dentro de la Universidad, así como para el resto de los universitarios”. Hasta el cierre de esta edición, la Universidad de Colima no había emitido un pronunciamiento al respecto.  

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