XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte envió al Congreso una iniciativa de ley para “sancionar con severidad” los actos de corrupción de funcionarios estatales, municipales, policiacos y de procuración de justicia. La iniciativa de ley, que incluye modificaciones y adiciones a las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Seguridad Pública, así como al Código Penal, ya fue bautizada por funcionarios y medios de comunicación como “ley antimordida”. Aunque el documento fue recibido con beneplácito por diputados del PRI, PVEM y Nueva Alianza, Domingo Bahena, coordinador de la bancada del PAN, consideró que la propuesta “llegó tarde”. Con el propósito de exigir transparencia en los recursos desviados en la colosal obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, proyecto inconcluso y cuya construcción inició hace 10 años, Bahena aprovechó para referirse a los mecanismos de corrupción e impunidad que hoy tienen a la entidad sumida en una severa crisis económica. “La corrupción es el principal síntoma de la impunidad que hoy en día se asume de manifiesto en el servicio público, pero la bancada de oposición tiene el compromiso de combatir las malas prácticas de la función pública que dañan a los veracruzanos”, explicó el panista. Esta tarde, el pleno dio entrada para su “estudio y análisis” a la Ley Anticorrupción, en donde Duarte justifica que busca “erradicar las malas prácticas” de quienes se benefician abusando de sus cargos o comisiones con la denominada “mordida”. La Gaceta Legislativa del día puntualizaba que Duarte plantea “un combate frontal” a la corrupción, pues una vez aprobada, se sancionaría al servidor público con inhabilitación de cuatro a seis años, cuando la afectación sea inferior a mil salarios mínimos. Y si rebasa esta multa, la ley ‘antimordida’ prevé “elevar” la sanción de cinco a diez años de prisión y multa de hasta 700 días de salario mínimo, cuando el equivalente del dinero, dádiva o servicios que reciba el funcionario rebasen los mil días de salario mínimo. La inhabilitación será hasta por diez años y se considera incumplimiento de una responsabilidad administrativa, cuando las autoridades de las dependencias o entidades correspondientes omitan sancionar a los infractores de esta ley. “La propuesta establece que la remoción procederá cuando quien desempeñe el cargo público solicite o acepte compensaciones, pagos o gratificaciones diferentes a su sueldo, o no se oponga, rechace o denuncie cualquier acto de corrupción del que sea testigo. “En ningún caso se consideraría como falta menor. Cuando exista una queja que se acompañe de pruebas, el titular de la institución deberá determinar como medida cautelar la suspensión provisional de las funciones del imputado, fundando por escrito el motivo”, se expone en la iniciativa del priista Duarte.