XALAPA, Ver. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el despido de 60 empleados por entorpecer investigaciones y averiguaciones previas relacionadas con personas desaparecidas en la entidad. De esa cifra, 11 se encuentran “vinculados a proceso” por faltas graves, destacó el fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras. Además, 22 exfuncionarios más están sujetos a “procedimientos administrativos de responsabilidad”. De acuerdo con el funcionario, entre los despedidos se encuentran exagentes del Ministerio Público, comandantes de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y expolicías ministeriales. En rueda de prensa, donde presentó a una banda de secuestradores involucrada en 16 plagios, Bravo Contreras aseguró que en la FGE no habrá espacio para la corrupción y la impunidad. “Le estoy pegando a todo lo que hay en el pasado y en el presente. Si no es ahora, será mañana (sic), pero no habrá impunidad”, subrayó. Sostuvo que a raíz de las reuniones que ha sostenido con integrantes del Colectivo por la Paz y familiares de desaparecidas, se reabrieron carpetas de investigación de “desapariciones forzadas”, muchas de las cuales evidencian que servidores públicos de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) incurrieron en “omisiones”, “negligencia” o “entorpecimientos” para la localización de personas en momentos clave. “Me reúno una vez al mes con ellos, con el Colectivo por la Paz y con familiares de cada una de las personas desaparecidas y analizamos caso por caso. Es cierto, hay ocasiones que ha habido un punto negro (sic), de incomunicación. Alguna vez les cancelé yo una reunión y hubo ahí señalamientos, pero ese tema lo seguimos trabajando y es una prioridad”, añadió. Y resaltó que al coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se ha podido establecer el sistema de recompensas para dar con el paradero de las personas desaparecidas. “Cada día se integran más víctimas a este sistema, no tengo el dato exacto, pues día con día se actualizan. Claro, hay casos en los que por su naturaleza no procede este ingreso y los familiares así lo han entendido”, apuntó. A través de una solicitud de transparencia a la FGE registrada con el folio Infomex-Veracruz 001246151, se detectó que 22 de los 60 funcionarios despedidos están sujetos a “procedimiento administrativo de responsabilidad”. Se trata de Rafael Díaz Rivera, comandante de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación (AVI); Víctor Hugo Carballo Valdez, policía ministerial adscrito a la AVI; Sue González Espada, Raúl Onofre Herrera, Rosa Erika Hernández Gutiérrez y Juvencio Mendoza Palafox, oficiales secretarios; Julio César Gone Arenas, perito forense; Laura Cruz Cermeño, perito criminalista, y José Roberto Fernández Leyva, perito médico forense. En la lista también aparecen los agentes del Ministerio Público Investigador: Miguel Ángel Bello Rojas, Leticia Espinosa Nicolás, Adrián Eduardo Gómez Ortega, Javier Zepeda García, Maximino Vázquez Trujillo y Elvira Raquel Sayago Santillán. Asimismo los policías ministeriales adscritos a la AVI, José Luis Ramírez Morales y Jaime Medina Flandes, y Esther Anguiano Rosa, oficial secretario, además de los agentes ministeriales Félix Barragán Lara, Vicente Hidalgo Nieves, Sergio Medina Alfonso y Braulio López García.