Periodistas impugnan iniciativa para la protección de defensores de derechos humanos

miércoles, 29 de julio de 2015 · 15:03
CANCÚN, Q. Roo, (apro).- Periodistas de la entidad impugnaron la iniciativa de ley para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas porque se trata de un proyecto para afianzar el control del gobernador Roberto Borge Angulo sobre los medios de comunicación. En un comunicado, precisaron que la iniciativa impulsada por el gobierno estatal restringe los derechos de los periodistas, encubre los abusos del gobierno del estado y omite prácticas que se han utilizado desde el poder público contra comunicadores, como las campañas de desprestigio en redes sociales. “La iniciativa es sólo un reflejo de la situación en la que actualmente ejercemos el periodismo en Quintana Roo y, por lo mismo, la XIV Legislatura estaría legalizando con su aprobación el control piramidal que el Poder Ejecutivo ejerce en esta entidad sobre los demás poderes, incluido, en nuestro caso, el llamado ‘cuarto poder’”, destacaron. Originalmente, el proyecto de ley se iba a aprobar el pasado lunes 20 en sesión extraordinaria, pero ante la indiferencia de los periodistas de la entidad se acordó someterlo a una nueva ronda de consultas. Según los comunicadores, lo que el gobierno estatal pretende con esa iniciativa es establecer como “prerrogativa” y no como derecho humano el ejercicio de la libertad de expresión, además de que, subrayaron, no prevé “los ataques, intimidación, amenazas y campañas de desprestigio” contra periodistas y sus familias, lo cual vulnera los “derechos, garantías y seguridad profesional y personal” de los comunicadores. “El hostigamiento mediático realizado por funcionarios públicos de ninguna manera está protegido por el derecho a la libertad de expresión, por el contrario, es considerado un mecanismo para disuadir a cualquier persona que emita una crítica al gobierno”, se lee en el comunicado. La iniciativa de Borge Angulo, añade, restringe el acceso a actos y edificios públicos, y deja a criterio de las autoridades determinar “quien es periodista”. “Los programas de acreditación pueden constituir una fuente de abuso por parte de las autoridades, pues éstas podrían negarla a periodistas que, por ejemplo, sigan una línea crítica al gobierno, restringiendo el derecho a la libertad de información”, apunta el texto. En otro punto cuestiona la interpretación de la llamada “cláusula de conciencia”, pues no prevé responsabilidad para las empresas cuando éstas alteren y sesguen la información proporcionadas por sus reporteros.

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