COLIMA, Col. (apro).- A tres meses de que concluya el sexenio, el gobernador priista Mario Anguiano Moreno reconoció que su administración se encuentra sumida en un “boquete financiero” de mil 598.5 millones de pesos y, ante esa “lacerante realidad”, anunció una serie de medidas de austeridad, entre ellas el recorte de mil 50 trabajadores que laboraban bajo el régimen de contrato. En rueda de prensa, el mandatario también dio a conocer que reducirá en 50% su salario y “que no salga mi cheque hasta que haya cobrado la nómina el último de los trabajadores”. Según el tabulador salarial 2015 del Ejecutivo estatal, el ingreso bruto mensual de Anguiano Moreno es de 96 mil 374 pesos. Otros servidores públicos que también verán reducidas sus percepciones en 40% son los integrantes del gabinete, entre ellos el procurador y los titulares de institutos y órganos desconcentrados; los directores generales, 30%; los directivos y funcionarios cuyos ingresos vayan de 27 mil a 35 mil pesos de ingresos brutos mensuales, en 15%, y el personal de mandos medios cuyos ingresos vayan de 10 mil a 26 mil pesos brutos mensuales, 12.5%. El gobernador también anunció la cancelación del gasto en publicidad oficial durante los tres meses que restan a su gestión, excepto en aquellos casos en que por ley el gobierno está obligado a la publicación o difusión, como edictos y convocatorias, así como en temas relacionados con la seguridad pública, educación, salud y protección civil en casos de emergencia. Mario Anguiano precisó que las medidas anunciadas, en particular la “no recontratación” de mil 50 trabajadores, son “decisiones impostergables porque sólo de esa manera podemos asegurar en lo futuro el pago a los sindicalizados y de base, de seguridad, de salud, del magisterio, de los jubilados y pensionados, así como de los trabajadores de confianza que se puedan ratificar en sus puestos”. Además, advirtió que de no hacerlo así, se pondría en riesgo el pago puntual de los salarios a toda esta base laboral, así como la realización oportuna de las obras y acciones de gobierno en beneficio de la población. Según Anguiano, “bajo ninguna circunstancia” se afectarán los derechos laborales de los burócratas que su gobierno envía al desempleo, pues “en el finiquito de su relación laboral les serán pagados y atendidos como marca la ley, tan pronto como la disponibilidad financiera nos permita hacerlo”. Incluso, añadió, no perderán antigüedad, pues en caso de que sean recontratados en el próximo gobierno por la experiencia y su capacidad acreditada, conservarán los años que tienen laborando, y se sumarán a los que acumulen en el futuro. Luego sostuvo que, desde su inicio, la administración que encabeza ha tenido que enfrentar “vicisitudes económicas que la han puesto a prueba”, como la reducción en los porcentajes de participaciones federales; los impactos económicos para atender, vía empréstitos y a través de aportaciones directas del gobierno del estado, los daños ocasionados por fenómenos naturales, y los recursos extraordinarios para afrontar los gastos emergentes para la seguridad pública, que se vio agravada a partir de 2010. De la misma manera, dijo que su administración debió aportar recursos para los avances en la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal; el pago a jubilados y pensionados; el pago para el personal del magisterio estatal, así como para servicios personales en general de la administración estatal, entre otros egresos significativos. En tanto, refirió que para atender la educación federalizada en la entidad se tiene un adeudo de 593 millones de pesos, “mismos que estamos gestionando ante las instancias federales correspondientes para subsanar el déficit en ese rubro. “No obstante lo anterior, con el propósito de lograr nuestro objetivo de ser el gobierno más eficiente, el que mejor atiende a la población, decidimos no sólo no crear ni incrementar ningún impuesto que lesionara la economía familiar, sino incluso tomamos la decisión de no cobrar la tenencia vehicular desde 2012, y exentamos del pago de algunos impuestos y derechos a los empresarios colimenses, que tuvieron afectaciones por los fenómenos naturales”, justificó. Asimismo, manifestó que en cinco años el crecimiento gradual de la planta laboral ha sido de mil 800 trabajadores, entre personal del gobierno del estado y del magisterio estatal, así como de 500 jubilados y pensionados más que se sumaron a los ya existentes, para hacer un gran total de 2 mil 300 personas adicionales que reciben un pago nominal. Enseguida reconoció que fueron “insuficientes” las medidas adoptadas a lo largo de su sexenio “para lograr el anhelado equilibrio en las finanzas públicas del estado”, pero responsabilizó de ello a sus colaboradores. Por ejemplo, indicó que “a partir del segundo semestre de 2013 giré instrucciones al entonces titular de la Secretaría de Finanzas y Administración para que definiera acciones de mayor trascendencia que nos permitieran avanzar en la solución de la problemática, quien no sólo no logró su cometido, sino que además tomó decisiones que complicaron la viabilidad financiera del gobierno del estado, lo que motivó que se le separara del cargo”.