Exigen reparación del daño a jornaleros accidentados en SLP

jueves, 9 de julio de 2015
SAN LUIS POTOSÍ, SLP, (apro).- Organizaciones defensoras de jornaleros agrícolas denunciaron la indolencia de las autoridades laborales y la dilación de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JECA) de Matehuala, para obligar al agroempresario Jesús Zárate a cumplir con la reparación del daño y el pago de indemnizaciones a familiares de cuatro indígenas guerrerenses que murieron al volcar la camioneta en la que viajaban. En la audiencia celebrada este jueves en la JECA, el propietario del rancho “El Ebanito” se negó a asumir la responsabilidad de indemnizar a los deudos de las cuatro víctimas mortales y a 18 jornaleros más a quienes dejó sin empleo mientras convalecían en un hospital, donde fueron atendidos de las lesiones que sufrieron a causa del percance. Zárate negó ser propietario del rancho e incluso dijo que desconoce su localización, pese a que está plenamente registrado ante las autoridades federales y estatales, y no obstante que el actuario de la JECA, que preside Remigio Piña Niño, le notificó sobre el litigio en el mismo rancho, donde fue aceptado el aviso judicial. El accidente ocurrió la tarde del 3 de julio de 2014, cuando 42 jornaleros originarios de comunidades de la Costa y la Montaña guerrerense eran transportados en una camioneta Pick Up sin placas después de trabajar en la empresa tomatera Santa Cruz, ubicada en el municipio potosino de Guadalzázar. Los afectados habían arribado días antes a San Luis Potosí, y al concluir su jornada de ese día viajaban con destino a la comunidad Noria del Refugio, donde les habilitaron un espacio como albergue. Al circular sobre la carretera México-Piedras Negras, el vehículo volcó, aparentemente por la ponchadura de una llanta y la alta velocidad a la que circulaba, según informó la Procuraduría General de Justicia del estado. En el accidente perdieron la vida dos niños, de seis y ocho años de edad, y dos adultos. Días después del percance, en una reunión en la que participaron funcionarios federales y estatales, el propio Zárate ofreció dinero a los familiares de las víctimas y pretendió condicionarlos para no proceder en su contra. No obstante, representantes de las organizaciones Tlachinollan, Centro Samuel Ruiz y Respuesta Alternativa, AC, asumieron la defensa laboral de los indígenas y denunciaron que no fueron asesorados por las instancias respectivas sobre sus derechos y las opciones legales que podían seguir para ser debidamente indemnizados, además de que no contaron con un intérprete para que pudieran comprender a cabalidad lo que estaba pasando en la reunión. Margarita Nemecio, de la organización Tlachinollan de la Montaña guerrerense, aseveró que desde un principio las víctimas del accidente no tuvieron el asesoramiento ni un intérprete para explicarles las alternativas jurídicas, “y eso hace más lacerante su situación”, la misma que viven los más de 2 millones de jornaleros que se mueven por casi todo el país. Ricardo Sánchez, del Centro Samuel Ruiz, informó a Apro que el proceso legal iniciado en septiembre pasado se ha alargado por actuaciones que dan ventaja al patrón y perjudican los derechos de los jornaleros. “Nosotros teníamos perfectamente documentada y ubicada la propiedad del rancho donde laboraban estas familias, pero el actuario se tardó ocho meses en localizarlo. En posteriores diligencias hemos visto una conducción sesgada a favor de la parte patronal. Esperamos que se corrija y el laudo obligue a indemnizar a los deudos y a cumplir con los pagos pendientes a los jornaleros que fueron despedidos”, señaló. Cuando por fin se logró notificar al propietario, quien este jueves compareció ante la JECA, negó la relación laboral y ahora pretende evadir la reparación del daño y la indemnización, expuso el activista. La mayoría de los trabajadores agrícolas que resultaron lesionados en el percance sufrieron heridas clasificadas como graves y varios quedarán con cicatrices permanentes, todo lo cual ha sido expuesto y documentado ante la autoridad laboral. “Solamente estamos pidiendo que se garanticen los derechos laborales de los jornaleros, se indemnice a los familiares de los muertos y se pague por el despido injustificado”, dijo Ricardo Sánchez. Integran expediente para la CNDH Como parte del acompañamiento, las organizaciones también integran un expediente para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y continuarán con la demanda laboral, que prevé próximas audiencias en agosto para desahogar pruebas documentales y esperar el laudo. El secretario técnico de la organización Respuesta Alternativa, Jesús Carmona, señaló que además de lo acontecido en el accidente y el acompañamiento posterior a las víctimas, se ha documentado la precaria situación de los jornaleros en los ranchos y centros de agroindustria del Altiplano potosino, similar a la de otros 14 estados donde se registra la actividad. “Hay una violación constante de sus derechos en lo general y una situación de indefensión en casi todos, en particular de los jornaleros migrantes indígenas, porque persisten las condiciones de esclavitud en la zona”. Detalló que en cinco municipios del Altiplano, incluido Matehuala, tienen detectados 36 ranchos que emplean a los jornaleros. El accidente del año pasado, agregó, “sólo destapó la situación prevaleciente en esos ranchos, la ausencia de las autoridades y las condiciones laborales muy cuestionables”. Por lo pronto, existe el compromiso del delegado de la Secretaría del Trabajo, Edgar Durán, de buscar una salida conciliatoria al conflicto laboral, para que el empresario reconozca la relación patronal y se haga responsable moral y jurídicamente de las indemnizaciones.

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