CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Empresarios de la construcción criticaron la corrupción que persiste en la administración del gobernador provisional, Rogelio Ortega, que entrega obra pública a diputados locales. También reprocharon que la mayor parte de la inversión federal y estatal se canaliza a empresas foráneas. Ortega reaccionó y ofreció 15 contratos de obra pública pero evadió el tema de la corrupción y el caso de los audios exhibidos por Apro donde los secretarios de Obras y Finanzas, Jesús Hernández Torres y Elíseo Moyao Morales pactaron la entrega de una bolsa de seis millones de pesos en obra pública para beneficiar a diputados del PRD y PRI. Sobre el tema de la opacidad y resistencia a cumplir con la ley de transparencia, Ortega aseguró que el monto de su salario y el de su gabinete ya fue publicado en el portal oficial como lo prometió la semana pasada. No obstante, hasta hoy esta información no se encuentra disponible en ninguna base de datos o portal del gobierno estatal. Durante una reunión entre Ortega y miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), realizada por la mañana al sur de esta ciudad, el secretario del Comité de la delegación Chilpancingo del organismo constructor, Manuel Rojas Cerros, informó que de acuerdo con datos consultados en el sistema Compranet, de enero al 31 de julio el gobierno federal entregó 675 millones a empresas foráneas que ejecutaron obra en Guerrero. Otros 339 millones fueron para empresas no organizadas y 299 millones destinados a constructoras de la Cámara. La política de asignación de obra pública del gobernador Ortega, también privilegia a empresas que no están radicadas en la entidad. Los datos oficiales indican que 362 millones fueron destinados a empresas foráneas; 308 millones a constructoras afiliadas a la CMIC y 178 millones 366 mil pesos a no afiliadas. Al respecto, el presidente de la CMIC en Guerrero, Sergio Isaac Reyes Carbajal demandó a las autoridades que se priorice a las empresas locales para la ejecución de obra pública como ocurre en otras entidades como Aguascalientes y Querétaro donde los gobiernos estatales destinan el 90% de la inversión a constructoras de la región. La CMIC, dijo, tiene afiliadas más de 500 empresas en la entidad y el apoyo de las autoridades ayudaría a reactivar la economía local y restablecer el tejido social a través de la generación de empleos directos e indirectos. Reyes Carvajal recordó que la CMIC creó el observatorio de la industria de la construcción, con el propósito de vigilar que la contratación de obras se haga de manera transparente. También, aseguró que en la administración de Ortega persisten prácticas corruptas en referencia al pago de un porcentaje a funcionarios por la obra asignada y demandó actualizar la ley estatal de Desarrollo Urbano. Por su parte, el ingeniero Francisco García Ramírez exigió al gobierno de Ortega que se abstenga de beneficiar a diputados locales con obra pública porque este hecho no solo representa un hecho cuestionable, sino también fomenta la "competencia desleal". Ortega evadió los señalamientos de corrupción de su gobierno y se limitó a pedir a los empresarios que se conviertan en fiscalizadores de la obra pública. Dijo que en los últimos dos meses que le queda al frente de la administración, privilegiará la asignación de obras a empresas guerrerenses, Para ello, se comprometió a reformar la Ley 211 de Desarrollo Urbano de Guerrero y enseguida ofreció 15 contratos de obra para los miembros de la CMIC.