PUEBLA, Pue., (apro).- Un grupo de ciudadanos promovió un juicio de protección de derechos ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la reforma que imposibilita las candidaturas independientes en las próximas elecciones para gobernador en la entidad. La demanda fue firmada por seis ciudadanos: Pedro Plaza, Verónica Mastreta, María del Carmen Lanzagorta, Gabriel Hinojosa, Norma Ayón y José Juan Sesma. Este es el primer recurso que se interpone, de varios que ya han anunciado organizaciones ciudadanas y partidos políticos, contra la reforma electoral que aprobó el Congreso local el pasado sábado, conocida aquí como “ley antibronco”. Esto, porque pone como requisito el apoyo de 3% del padrón electoral, pero no sólo con firmas, sino que impone la obligatoriedad de que los ciudadanos que apoyen a un candidato acudan personalmente a ratificar su respaldo ante los órganos electorales en un plazo de 20 días. Los dirigentes del PAN, Rafael Micalco, y de Morena, Gabriel Biestro, así como la coordinadora de la fracción priista en el Congreso, Silvia Tanus, anunciaron que analizan igual promover una acción de inconstitucional que buscaría tumbar esa reforma. El Movimiento por la Alternativa Social (MAS) destacó que la serie de requisitos que impuso el Congreso poblano para el registro de candidatos independientes fue impulsada por el gobernador Rafael Moreno Valle para facilitar el camino para su candidato a sucederlo, el actual alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad. No obstante, el mandatario poblano ya negó la autoría de esta disposición legislativa y responsabilizó a los diputados por haberla propuesto y aprobado. Instituciones privadas de educación superior como las universidades Iberoamericana (Ibero) Campus Puebla, la de las Américas (UDLAP), la Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), Universidad Madero (Umad) y Anáhauc, así como 45 cámaras empresariales y organizaciones ciudadanas, promovieron un desplegado para exigir a los diputados que echen atrás la reforma. “Consideramos indispensable que la legislación del estado de Puebla se ajuste, por lo menos, a los lineamientos planteados a nivel federal por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y creemos que la vocación progresista de nuestra entidad amerita que incluso vayamos más allá”, señalan. También reprochan que, por el contrario, los diputados hayan optado por restringir la pluralidad política y ciudadana, a partir de lo que parece ser una lógica de grupo y de coyuntura, que está por debajo de la expectativa de la sociedad poblana. “Su cerrazón seguirá debilitando el proceso democrático y ampliando la brecha entre las instituciones políticas y la sociedad a la que dicen representar”, reclaman.