CANCÚN, Q, Roo (apro).- Sin que aún se esclarezcan casos como el injusto encarcelamiento del periodista maya Pedro Canché o los ataques a medios, entre ellos Luces del Siglo y Noticaribe, este mañana el Congreso local aprobó una la ley para la protección de activistas y comunicadores en la entidad. El nuevo marco legal, aprobado por mayoría, prevé la creación de una instancia que aplicará medidas para atender a comunicadores y activistas “en riesgo” y “en situación de vulnerabilidad”. No obstante, el proyecto sufrió modificaciones en comisiones unidas, por lo que quedaron fuera elementos como la regulación al “acceso a las fuentes de información”, en la que se establecía que el ingreso a actos públicos sería a “periodistas debidamente acreditados”. Originalmente la iniciativa se aprobaría el 20 de julio, dentro de un periodo extraordinario, sin embargo, ante la indiferencia de periodistas locales a los “foros de consulta” el asunto se pospuso y hoy fue aprobado por el pleno de diputados locales. La semana pasada, periodistas de la entidad impugnaron la iniciativa porque se trata de un proyecto para afianzar el control del gobernador Roberto Borge Angulo sobre los medios de comunicación. En un comunicado, los inconformes precisaron que la iniciativa impulsada por el gobierno estatal restringe los derechos de los periodistas, encubre los abusos de autoridades y omite prácticas que se han utilizado desde el poder contra comunicadores, entre ellas las campañas de desprestigio en redes sociales. Finalmente, fueron fusionadas las iniciativas enviadas por el Borge Angulo y el diputado panista Sergio Bolio, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En esta nueva ley los diputados acordaron la creación del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de “que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral, económica, libertad y seguridad cuando se encuentren en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, así como de sus familiares o personas vinculadas”. Además, dentro de este sistema formarán parte el secretario de Gobierno, el procurador de Justicia del estado y el secretario de Seguridad Pública, entre otros. Como parte de este nuevo organismo se plantearán y operarán “las medidas preventivas, medidas de protección, medidas urgentes de protección y medidas sociales con el fin de reducir factores de riesgo, evitar la consumación de agresiones, resguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la persona beneficiaria y para que éstas puedan vivir en condiciones dignas y continuar con el ejercicio de su labor”. La nueva ley también considera la creación del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Entre otros puntos, prevé “pena de prisión y destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos” contra “autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, suspenda, clausure o establezca censura previa de algún medio de información escrito o impreso, o impida su circulación o difusión, o recoja ediciones de libros o periódicos evitando su publicación”. Pese al aval de estas acciones, el gobernador aún se niega a aceptar las recomendaciones emitidas por la CNDH por la ilegal detención del periodista maya Pedro Canché, quien estuvo preso durante nueve meses. Tampoco se han esclarecido otros reclamos, como la clonación a la revista Luces del Siglo y los ataques al portal Noticaribe, así como el ejército de “troles” y “bots” usados para difamar y calumniar a periodistas independientes.