OCOSINGO, Chis. (apro).- Desde hace tres meses, miles de familias indígenas de al menos 11 comunidades de la Selva Lacandona se encuentran sin personal médico y no tienen acceso a medicamentos. Además, la empresa privada Servicios Aéreos de San Cristóbal SA de CV suspendió el servicio de ambulancia aérea porque la Secretaría de Salud le adeuda más de un millón 880 mil 700 pesos, lo que ha puesto en aprietos a las comunidades indígenas cuando han tenido que atender a mujeres y niños enfermos. Maribel del Ángel Ostos y Luis Gómez del Ángel, dueños y administradores de la empresa que ofrece el servicio de taxi y ambulancia aérea desde hace 23 años, lamentaron la suspensión del servicio ante la negativa de la Secretaría de Salud a cubrir las facturas del segundo semestre de 2012 y algunas más de 2014 y 2015. Desde mayo pasado la empresa dejó de prestar el servicio y miles de familias indígenas que viven en medio de la Selva Lacandona quedaron desvalidas. Según los empresarios, sus servicios se han reducido conforme se abren caminos para acceder a las comunidades, pero en cuatro puntos aún llevan medicinas, médicos y enfermeras, y también transportan a enfermos que así lo ameritan. Detallaron que los cuatro puntos a los que todavía llegan son: La Candelaria, donde se congregan otras comunidades cercanas como San Gregorio, Corozal y Salvador Allende; Amador Hernández, a donde acuden pobladores de Nuevo Pîchucalco y Chapultepec; Guanal, hasta donde arriban indígenas de Plan de Guadalupe, y Benito Juárez Miramar, a donde llegan habitantes de la comunidad Chun Cerro. En total son 11 comunidades indígenas de las etnias tzeltal y tzotzil que han quedado sin servicios médicos y medicinas por la falta de pago. Detallaron que tan sólo en La Candelaria y otras tres comunidades suman un millar los hombres, mujeres y niños que carecen de estos servicios. Para salir de La Candelaria, añadieron, tienen que caminar ocho horas hasta la comunidad Amador Hernández, donde toman un camión que los traslada a San Quintín, donde se encuentra una clínica en pésimas condiciones. Y para llegar al hospital de Ocosingo desde San Quintín, los pobladores deben recorrer otras seis horas más en camión, de manera que para salir de La Candelaria con el objetivo de asistir a un médico o a un centro de salud, les toma alrededor de 15 horas, cuando la avioneta Cessna de la empresa privada que prestaba el servicio no hacía más de 40 minutos. Por ahora, en la Casa de la Salud construida de madera y techo de lámina sólo hay medicamentos caducos, y el promotor se ve en aprietos ante la exigencia de pastillas y medicinas para ofrecer medicinas para la gripe, tos, fiebre, diarrea y otras enfermedades que prevalece en la región, donde las mujeres que son madres presentan un alto grado de desnutrición. Las autoridades ejidales de La Candelaria aún guardan como un valioso tesoro el viejo documento que data del 18 de junio de 2013, donde el médico Kristian Gabriel Utrera Fernández, como jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 09 de Ocosingo, se comprometió a llevar todos los servicios médicos y de salud a esa región de la Selva Lacandona. En el documento están estampadas las firmas de Liliana Anahí Domínguez Gordillo, médico supervisor, y el enfermero Lázaro Ruiz Díaz, donde se enlistan los compromisos y apoyos que la región debería recibir por parte del gobierno del estado. No obstante, los indígenas aseguran que al paso de los años todo se convirtió en una mentira por parte del gobierno estatal. El pasado domingo 2 reclamaron que “para hacer costosas campañas electorales (las autoridades) sí tienen dinero, pero para enviar médicos y medicinas no hay recursos”. Como miembros de la Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU-ID), los indígenas advirtieron que si el gobierno no atiende su demanda, se verán orillados a realizar acciones de protesta para hacerse escuchar. Maribel del Ángel Ostos y Luis Gómez del Ángel, dueños y administradores de la empresa que ofrece el servicio de taxi y ambulancia aérea, destacaron que las más afectadas por la falta del servicio son las mujeres embarazadas e incluso se han dado muchos casos de muerte materna. Indicaron que en reiteradas ocasiones también han trasladado de urgencia a hombres que son picados por serpientes o bien sufren accidentes con hachas o machetes en las labores del campo. Sin embargo, explicaron que no pueden seguir con los traslados porque tienen adeudos con sus trabajadores y con los talleres mecánicos que dan mantenimiento a las aeronaves, además de que el combustible ha subido de precio. Por ello, pidieron la intervención del gobernador Manuel Velasco Coello para que se les liquide el adeudo pendiente y puedan seguir trabajando con normalidad, como lo han hecho sexenio tras sexenio. Señalaron que en la medida de sus posibilidades han apoyado a las comunidades indígenas, pero ahora la empresa está a punto de la bancarrota.