MÉXICO, D.F. (apro).- “Demos gracias a Dios y debemos reconocer el acompañamiento y asesoramiento de nuestro padre obispo en este gran logro”, escribió en un mensaje dirigido a padres de familia el sacerdote Miguel Soto, al celebrar que el Congreso sinaloense aprobara la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Sinaloa, con las propuestas que hizo la Iglesia. Después de dos meses para votar el decreto –tiempo durante el cual los grupos ultraconservadores ejercieron presión, entre ellos la Red Familia, que integró el movimiento denominado “Si es mi hijo yo lo educo”–, el acoso de la Iglesia llevó a los legisladores locales a avalar siete modificaciones, alterando el contenido de la legislación general que debía armonizarse en las entidades. La Ley General, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 4 de diciembre, debió ser votada por las legislaciones locales el 3 de junio, sin embargo, las presiones de la Iglesia y ministros de culto, a través de organizaciones ciudadanas de corte ultraconservador, hicieron que una tercera parte de los Congresos locales cayera en desacato legislativo. En su edición 2019 con fecha 12 de julio, la revista Proceso abordó el caso e informó que la Ley General es hasta ahora la única que Peña Nieto ha enviado al Congreso con carácter de iniciativa preferente, es decir, con plazo máximo de dos meses, a partir del 1 de septiembre de 2014, para ser aprobada, como efectivamente ocurrió. No obstante, desde el proceso legislativo federal las presiones de los grupos católicos y del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Francisco Robles Ortega, incluyó el rechazo al proyecto y hasta amenazas anónimas de muerte contra legisladoras, entre ellas la priista Diva Gastélum. La inconformidad de la Iglesia y otras denominaciones religiosas consiste en rechazar la educación sexual, a partir de considerar que los infantes no tiene sexualidad, y señaladamente en negar que los menores sean titulares de derechos, como lo ordena la Ley General. El caso de Sinaloa es paradigmático de las presiones religiosas sobre los legisladores, si bien otras entidades como Puebla y Jalisco han logrado modificar el espíritu de dicha norma, como se documentó en el reportaje publicado por el semanario. “La Pastoral Familiar les reconoce todo su apoyo. Aun en contra de los pronósticos de algunos que confiaban más en el poder de la ONU, hoy nos damos cuenta que la presencia ciudadana formada y pacífica puede obtener excelentes resultados”, continuó el mensaje del cura Soto, quien alentó el movimiento contra el decreto original. La alusión a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es porque el contenido de la Ley General, que reproducía un primer decreto en Sinaloa, está fundado en derecho internacional y con la opinión de expertos de la UNICEF. En un llamado a defender el Estado laico, con la convocatoria para marchar contra la armonización legislativa, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que integra a más de 70 organizaciones defensoras de derechos humanos, alertó desde el pasado 26 de julio lo que estaba por ocurrir en Sinaloa y en diferentes entidades del país. “Nos preguntamos, si fuera auténtica su preocupación por la infancia de México, ¿por qué no se han manifestado por los más de dos mil niños, niñas y adolescentes asesinados, los siete mil desaparecidos y un indeterminado número de familias desplazadas en el contexto de la lucha contra el crimen organizado?¿Dónde están sus acciones para que los niños y las familias víctimas de la violencia accedan a la justicia?”, cuestionó. Como lo hace desde enero, la Redim llamó al gobierno de la República, en particular a la Secretaría de Gobernación, a apoyar a los congresos locales, desarrollar una campaña nacional sobre los derechos de la infancia y los aportes que significan para sus familias, así como avanzar en la creación del Sistema Nacional de Protección Integral que, como la armonización legislativa, está estancado. Y es que si bien los grupos conservadores no tuvieron el efecto deseado en el proceso legislativo federal, las presiones locales han alterado el sentido de la ley o intentan hacerlo. El llamado de la Redim al gobierno de la República parte de que la presión en los congresos locales vulnera el principio de jerarquía normativa incluido en el artículo 133 constitucional, en el que se funda la armonización con las leyes locales. De hecho, ese es el primer aspecto que la Redim observa en un análisis de los siete puntos que impugnaba el movimiento en Sinaloa “Si es mi hijo yo lo educo”. A lo anterior se agrega el análisis de la propuesta por modificar los artículos relativos a la salud, a fin de que solo se estableciera “la orientación respecto a los riegos de salud” y no la garantía de tener acceso a los servicios de salud en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, los activistas conservadores rechazaron la garantía. Además, el movimiento citado está en contra de que los menores sean titulares de derechos, reclamando que eso atenta contra la patria potestad, y exigieron que se incorporara un capítulo relativo a los derechos de los padres. En julio pasado, en entrevista con Apro, el director general de la Redim, Juan Martín Pérez García, explicó así ese razonamiento: “Equivaldría a que en los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, incluyera un capítulo sobre el derecho de los maridos sobre ellas”. El espíritu de la Ley General, dijo Pérez García, es cambiar el paradigma de que los niños son propiedad. La oposición a la Ley en el caso de Sinaloa también incluía rechazar el derecho a la privacidad de los menores. Y en la aprobación en ese estado se aceptó modificar el dictamen original incluyendo la perspectiva del movimiento “Si es mi hijo yo lo educo”, impulsado por el obispo Jonás Guerrero Corona y celebrado en el mensaje que emitió el cura Felipe Soto: “Les anuncio con gran alegría que las familias sinaloenses el día de hoy ganaron una gran lucha. En un acontecimiento histórico el Congreso del estado aprobó las siete modificaciones de la ley”. El pasado 3 de julio, Apro solicitó un posicionamiento del consejero jurídico de la Presidencia de la República sobre la alteración de la Ley General, pues en otros procesos legislativos, señaladamente con la reforma educativa, la Presidencia ha combatido por la vía constitucional la contravención de disposiciones federales en los proceso de armonización local. Hasta ahora, ni la Presidencia ni la Consejería han emitido comentario alguno.