TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Policías estatales desalojaron a cientos de maestros de diversos planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) que mantenían un paro de labores desde hace 14 días, para exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo suscrito con el director general de la institución educativa en la entidad, Armando Barrios Fierro. Decenas de elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arribaron anoche a las puertas de los diversos planteles ubicados en esta capital, Tapachula, Tuxtla Chico, Palenque, Comitán y otros municipios, y pidieron a los docentes desalojar el acceso a los planteles. Con insultos y la amenaza de ser detenidos sin oponían resistencia, los uniformados arrancaron las mantas que los inconformes habían instalado a las puertas de los planteles educativos desde el pasado lunes 17, cuando iniciaron el paro de labores. Los maestros denunciaron que el violento desalojo se realizó a pesar de que había un acuerdo para reunirse este lunes con los directivos del Conalep para buscar una salida al conflicto, por lo que consideraron que se trató de una “traición” por parte del director general Armando Barrios Fierro. “Como si se tratase de viles rateros, los profesores de los planteles de los Conalep en todo el estado fueron desalojados con lujo de violencia, pese a ser un movimiento pacífico en el que los docentes están exigiendo sus derechos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, firmado y presentado en la junta de conciliación y arbitraje”, dijo una de las maestras. Añadió: “Los profesores fueron retirados; los policías rompieron las lonas, tiraron las sillas, mesas y carpas que se habían colocado para impedir el acceso a los planteles como medida de presión para que el director general, Armando Barrios Fierro, respetará los derechos de los trabajadores”. Destacó que el director general del Conalep ordenó a todos los directores de los planteles interponer una demanda penal ante el Ministerio Público por el delito de asociación delictuosa, y en menos de 24 horas recibieron la orden judicial de desalojarlos de forma violenta. Los maestros responsabilizaron a Barrios Fierro de esas acciones y de cualquier persecución que pudiesen sufrir los más de 500 integrantes del sindicato de docentes en todo el estado. Asimismo, denunciaron “la falta de capacidad para establecer las mesas de negociación por parte de Barrios Fierro”, lo que ha propiciado que esta situación no se solucione, y pidieron el apoyo de la sociedad “porque el gobierno represor ha dado muestras nuevamente de cómo en el estado se busca solucionar los problemas”.