HERMOSILLO, Son. (apro).- La comisión presidencial para el rescate de los ríos Sonora y Bacanuchi, presidida por Rodolfo Lacy Tamayo, declaró concluida la fase de contingencia por el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales tóxicos que se registró el 6 de agosto del año pasado. En contraparte, habitantes de la zona interpusieron cinco amparos contra diversas omisiones por parte de Grupo México y de diversas autoridades federales, y para exigir que sus derechos sean garantizados a través del cumplimiento de los compromisos planteados a raíz de los hechos ocurridos en el municipio de Cananea. En conferencia de prensa, vecinos y productores organizados en los Comités de Cuenca del Río Sonora detallaron los daños ambientales y económicos que han sufrido a raíz del episodio contaminante, y señalaron que no han recibido atención médica y de remediación suficiente por parte de las autoridades y la empresa responsables. “A 12 meses de los hechos, tanto el gobierno federal como (la minera) Buenavista del Cobre han sido omisos en la remediación del río Sonora provocada por el derrame. El gobierno ha sido omiso en la atención, y Grupo México ha estado mintiendo constantemente a la opinión pública acerca de que el problema ya está solucionado y el río está limpio", subrayó Julieta Lamberti, investigadora de Poder, organización que brinda acompañamiento a los afectados. Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, destacó que en los últimos meses se logró la remediación ambiental de los primeros 30 kilómetros desde la pileta de lixiviados hasta el río Bacanuchi, de donde se retiraron mil 302 metros cúbicos de tierra contaminada, según informó Los residuos retirados, precisó, serán dispuestos en un lugar dentro de la mina Buenavista del Cobre autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). No obstante, los integrantes de la comisión se negaron a entregar a los representantes de los medios los estudios, imágenes o videos probatorios del resarcimiento ambiental, pero anunciaron el inicio de las obras de de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS). Dicha Unidad, cuya inversión será de 279 millones, operará hasta 2029 con recursos del fideicomiso Río Sonora y estará localizada en el municipio de Ures. En conferencia de prensa, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Mikel Arriola Peñalosa, informó que a la fecha han atendido a 10 mil 875 personas afectadas por el derrame. De esa cifra, agregó, existen 360 casos confirmados de padecimientos por exposición a los metales tóxicos y se ha indemnizado a 179 víctimas con una bolsa de 7.8 millones de pesos. El funcionario federal detalló que de esos 360 afectados, 290 (80.56%) presentaron daños en la piel, 25 experimentaron gastroenteritis (6.94%), 15 deficiencias oftalmológicas (4.17%), 11 afecciones neurológicas (3.06%), dos padecimientos cardiovasculares (0.52%) y 17 otros síntomas (4.72%). Precisó que a la fecha se han entregado 36 mil 752 indemnizaciones, que generaron una derrama económica de 795.2 millones y representan 7.6 veces el Producto Interno Bruto (PIB) registrado en la región del río Sonora en 2013. En total, la comisión presidencial ha destinado mil 140 millones de pesos para resarcimiento del tejido social, económico y ambiental de las cuencas sonorenses, dijo. A su vez, el presidente del Fideicomiso del Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo, adelantó que en la próxima fase de remediación se concentrarán en la construcción de 37 plantas potabilizadoras, la unidad de vigilancia en Ures y en atender las necesidades de la población. “El resarcimiento social se está concluyendo en cada uno de los siete pueblos afectados y en este momento se están entregando indemnizaciones a 85% de los afectados”, estimó. Sin embargo, las cuentas alegres entregadas por la comisión presidencial fueron cuestionadas por los más de 40 pobladores del río Sonora que irrumpieron en la sala de conferencias del hotel capitalino donde se presentaron los funcionario ambientales. Allí, la investigadora de la Universidad de Sonora, Reina Castro Longoria, destacó que el macro derrame debe ser considerado como delito de lesa humanidad, porque además de afectar a 23 mil pobladores del río Sonora, la contingencia alcanzó al millón de residentes de Hermosillo, quienes desde hace un mes fueron advertidos de que los contaminantes sedimentados en la presa El Molinito fueron desfogados a la presa capitalina Abelardo L. Rodríguez, por orden de la Comisión Nacional del Agua. “Si ustedes (integrantes de la comisión presidencial) han hecho cientos o miles de análisis al agua, no los han entregado a la luz pública de una manera transparente, porque en el portal oficial de la Semarnat, un mes tienen valores altísimos, luego los desaparecen por completo y los siguientes reportes son más altos que todos los anteriores, como es el caso de hasta 200 microgramos de arsénico por litro”, resaltó la académica. A esa queja se unieron otras más de quienes acudieron al recinto del Fideicomiso y donde los pobladores aprovecharon para exponer sus casos. Ante las denuncias ciudadanas, el titular de Cofepris prometió integrar una de mesa de análisis a las reuniones del Fideicomiso, donde se tomen en cuenta los casos de afectados que escapan a la burocracia ambiental.