HERMOSILLO, Son., (apro).- El primer reporte anual emitido por la comisión presidencial para atención de los ríos Sonora y Bacanuchi, presidida por Rodolfo Lacy Tamayo, “maquilla” la realidad, acusó la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder). La ONG señaló, en un comunicado, que los hechos y datos mostrados por esa comisión no revelaron con precisión la realidad y ocultaron otros que dan cuenta de omisiones y negligencias. “Los testimonios de los afectados y la investigación que durante un año realizó Poder para apoyar la lucha de los Comités de Cuenca del Río Sonora –integrado por 300 damnificados,- desmienten con argumentos sólidos esas falacias”, subraya. En primera instancia, aclara, el procurador ambiental Guillermo Haro Bélchez aseguró que la mina Buenavista del Cobre concluyó las obras de construcción que servirán para controlar los derrames --hacia los represos Tinajas 1 y 2-- en los bordos poniente y oriente (presas de contingencia), donde se almacenan los lixiviados como la solución de sulfato de cobre acidulado. Sin embargo esta afirmación, añade, confirma que el derrame ocurrió porque las áreas almacenadoras de lixiviados estaban en construcción, y no por el exceso de lluvias, como aseguró la minera, y que bajo el auspicio de las autoridades operó parte de 2015 sin las normas mínimas de seguridad para el manejo de sustancias como el sulfato acidulado. Además, puntualiza la organización, el Fideicomiso Río Sonora informó que ha entregado mil 204 millones de pesos y faltan casi 800 millones más por aplicar, pero se omitió la información de que estos 2 mil millones sólo equivalen a 0.013% de los ingresos brutos obtenidos por Grupo México en 2014. Bajo esta misma comparación, la multa que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso a la minera por 24 millones de pesos equivale al 0.00016% de sus ingresos, pese a que “el derrame fue calificado como el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los últimos tiempos”. En la rueda de prensa ofrecida por la comisión presidencial se aseguró que los mil 204 millones de pesos del fideicomiso se invirtieron en su totalidad en la reparación de los daños; sin embargo, la página de Internet del propio fideicomiso desmiente el hecho. “El 60% del monto se entregó directamente a los pobladores afectados y el 40% restante se destinó a otros rubros, por ejemplo, el 97% de los recursos utilizados para la compra de tinacos se pagaron a intermediarios como el Colegio de Ingenieros Ambientales de México y el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora”, precisa. No sólo eso: “Más de 20 millones de pesos se gastaron en ‘Acciones de atención y seguimiento médico’, concepto poco claro, mientras que sólo se repartieron 837 mil pesos directamente a 35 afectados y el consorcio ha gastado casi 24 millones de pesos en publicidad, más de lo que gastó en atención y seguimiento médico”. Durante la presentación del primer reporte anual, la Profepa también explicó que la remediación de los daños ambientales estaba concluida en la zona 1, que abarca 30 kilómetros desde el área donde inició el derrame, pero no explicó que este polígono sólo abarca los terrenos de la mina. Finalmente, La Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reportó que el agua dentro de los pozos reabiertos y la red pública municipal se encuentran dentro de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 127, pero no especificó que estos índices permiten una mayor cantidad de metales que la normatividad internacional.