CHIHUAHUA, Chih., (apro).- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos exigió al subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, que se cumplan las medidas cautelares otorgadas a más de seis defensoras chihuahuenses, a familias de activistas asesinadas a partir de 2010 y a mujeres que viven en situación extrema de violencia por el crimen organizado. La Red destacó el caso de Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), a quien la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ratificó medidas provisionales, por lo que piden al funcionario federal que implemente a la brevedad esa protección. Una defensora más que cuenta con medidas provisionales ordenadas por la CoIDH desde 2012 es la juarense Emilia González, integrante de Cosyddhac, pero las acciones no se han implementadas a cabalidad. Estela Ángeles Mondragón, directora de la asociación Bowerasa, Haciendo Camino, es otra de las beneficiadas con medidas provisionales, así como Patricia Galarza, coordinadora del área psicosocial del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. En el mismo caso se encuentra Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre --que apoya a comunidades de Guadalupe y Calvo--, quien cuenta con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob). Asimismo, integrantes del Centro Paso del Norte, de El Barzón y del Cedehn cuentan con medidas cautelares de la CIDH, lo que coloca al estado de Chihuahua como la entidad con el mayor número de mujeres defensoras bajo este tipo de medidas. "Como Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México es preocupante el nivel de riesgo y violencia en el que se encuentran las defensoras en Chihuahua. “De 2010 a la fecha hemos documentado el asesinato de Josefina Reyes Salazar, asesinada en enero de 2010, quien denunció violaciones a los derechos humanos por parte de elementos del Ejército y las corporaciones policiacas federales; Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al palacio de gobierno cuando protestaba para exigir justicia por el asesinato de su hija Ruby Frayre, y el asesinato de Martha Manuela Solís Contreras, quien fue asesinada junto con su esposo Ismael Solorio el 22 de octubre de 2012. Todos estos casos están impunes". La ONG recordó que las autoridades se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para la implementación de las medidas de protección ordenadas por la Corte y Comisión Interamericana, pero "la situación de riesgo permanece, ya que continúa un contexto de falta de condiciones que garanticen el derecho a defender los derechos humanos en Chihuahua". También manifestó su preocupación por las mujeres de la comunidad El Manzano, del municipio de Urique, quienes también son beneficiadas, junto con otros integrantes de su comunidad, de medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por ello exigió a las autoridades estatales y federales que implemente a cabalidad las medidas de protección ordenadas al Estado mexicano por la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de defensoras y organizaciones en Chihuahua, así como garantías para que las activistas realicen su trabajo.