CANCÚN, Q. Roo (apro).- En medio de las críticas que recibió por su desempeño como procurador general de Justicia del estado, Gaspar Armando García Torres renunció este mediodía a su cargo. En rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, explicó que en los próximos días el gobernador Roberto Borge Angulo enviará  al Congreso local su propuesta para que el subprocurador general, Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien quedó como encargado del despacho, sea ratificado en el puesto. Asimismo, dio un espaldarazo a García Torres al señalar que durante su gestión se logró disminuir la incidencia delictiva en el estado y se instrumentó el nuevo sistema de justicia penal. No obstante, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) acusaron al exprocurador de cometer abusos en materia de derechos humanos en diversos casos, entre ellos el del periodista maya Pedro Canché y el del supuesto integrante del Cártel del Golfo, Héctor Cacique. En su momento, García Torres acusó públicamente al periodista de pagar a los manifestantes para bloquear las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Felipe Carrillo Puerto, y aseguró que éste “entregó de mil a 5 mil pesos” a cada una de las personas convocadas. Según el exprocurador, Pedro Canché fue el “autor intelectual y material” de los bloqueos a la CAPA, motivo por el que se le configuró el delito de sabotaje y permaneció nueve meses en prisión. El periodista salió libre el pasado 29 de mayo, después de obtener un amparo. Posteriormente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en agravio del comunicador maya. Los detalles de la renuncia del exprocurador no se dieron a conocer, sin embargo, trascendió que ocupará un puesto como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado. En otro caso, en septiembre de 2014 abogados de Héctor Cacique Fernández, El Diablo, presunto operador del Cártel del Golfo, denunciaron a García Torres ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunta tortura. Por el mismo hecho también fue acusado el exdirector de la Policía Judicial (PJ) y actual subsecretario estatal  de Seguridad Pública, Arturo Olivares Mendiola. A Cacique Fernández se le aplicó el “Protocolo de Estambul”, luego de que la CNDH corroboró que había sido víctima “de tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes”. Con ese dictamen de la CNDH, la defensa de Cacique Fernández presentó la denuncia ante la PGR contra García Torres y Olivares Mendiola. Por otra parte, Carlos Arturo Álvarez Escalera, quien sustituyó a García Torres al frente de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), tuvo a su cargo el proceso contra Christian Vicente Córdoba, conocido como “el joven del suéter rojo”, cuando fungió como director de Averiguaciones Previas en la Zona Norte. Christian fue encarcelado el 30 de marzo de 2013, acusado de participar en el crimen del encargado de un burdel disfrazado de casa de masajes, en esta ciudad. En su oportunidad, Álvarez Escalera aseguró que los testigos de los hechos reconocieron al acusado porque vestía un suéter rojo. “En el momento en que él (Christian) se encuentra detenido con nosotros, se le pone a la vista físicamente a las personas que dicen o manifiestan que él las sometió y lo reconocen. Con base en esos elementos es que nosotros consignamos al juez”, dijo entonces. El 18 de junio de 2013, luego de permanecer 77 días en la cárcel,  Christian Vicente Córdova salió libre, luego de confirmarse que no participó en el homicidio señalado.