TOLUCA, Edomex (apro).- El gobernador Eruviel Ávila rescató este lunes al extitular de la Secretaría de Comunicaciones, Apolinar Mena Vargas, a quien nombró secretario técnico del gabinete estatal. Mena Vargas renunció a esa dependencia el pasado 17 de mayo, y fue multado con 189 mil pesos por el presunto fraude en el caso de los contratos con la empresa OHL México, que le habría pagado sus vacaciones con un costo de 124 mil pesos. Eruviel hizo el nombramiento este jueves, sin tomar en cuenta que su nuevo colaborador está sujeto a una investigación por parte de la Secretaría de la Contraloría estatal y de la LVIII Legislatura local por presunta corrupción. A la fecha, las autoridades no han dicho nada de las investigaciones que se siguen contra Mena Vargas, y tampoco ha sancionado a la consejera jurídica Luz María Zarza Delgado, quien en otro audio reconoce que el gobierno estatal apoyó a OHL con gestiones frente a los magistrados en sus litigios frente a la empresa Infraiber, por el conteo del aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense. Por esas razones, el diputado federal y presidente del PRD en el estado, Omar Ortega, demandó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que realice una investigación a los funcionarios federales y estatales involucrados en presuntos actos de corrupción con la empresa OHL. Las investigaciones realizadas hasta el momento han sido una simulación, mientras los conflictos de intereses que involucran a funcionarios federales –incluido el presidente Enrique Peña– y del gobierno del Estado de México “son preocupantes”, añadió. La ASF, dijo, tiene facultades para iniciar auditorías financieras y de desempeño a concesiones otorgadas por la administración pública. El perredista destacó que la empresa española OHL ya acumula una serie de indicios que apuntan a la corrupción generalizada para favorecerla en la asignación de concesiones y en litigios judiciales, por lo que se hace necesaria una investigación de oficio. Ortega consideró que el caso ha sido desatendido por las instancias fiscalizadoras, mientras se revelan más grabaciones que ahora involucran al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y recientemente al presidente Enrique Peña, sin que se sancione a los responsables de los actos de corrupción. Es preocupante, subrayó, que desde 2013 en el Circuito Exterior Mexiquense se esté cobrando una tarifa de 50 centavos por verificación de aforo vehicular, sin que la tarea se realice. Y estimó que tan sólo por ese concepto, hasta febrero de 2015 se recaudaron 110 millones de pesos, cuyo destino no ha sido clarificado ni se encuentra justificado. La ASF “es la única instancia fiscalizadora que podría terminar con la densa bruma de corrupción y opacidad que los mexicanos ven en la relación de OHL con los gobiernos federal y del Estado de México”, remató.