Celebran tercera boda gay en Baja California

MÉXICO, D.F., (apro).- Luego de siete años de relación, Erika Navarro Olivarría y Guadalupe Villa Bravo contrajeron matrimonio en Ensenada, Baja California, la tercera boda gay celebrada en el estado. La pareja, que manifestó su interés en proteger el patrimonio que ambas han construido, dijo sentirse orgullosa de ser pioneras de un movimiento que sólo busca reivindicar los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI). “Nosotras damos respeto a los demás porque debemos recibir en forma recíproca lo que merecemos”, declararon. La unión civil se celebró el domingo 13 en el registro del Ayuntamiento de Ensenada y transcurrió sin contratiempos, pese a que la pareja sospechó que acudirían personas que rechazan el matrimonio igualitario. “Hay otras parejas que quieren casarse y pensamos que la difusión que se da a estas ceremonias va a lograr que se animen y se interesen en darle este giro a su relación”, indicó la pareja. La primera boda entre personas del mismo sexo en la historia de Baja California se realizó el pasado 17 de enero en Mexicali. Los contrayentes en esa ocasión fueron Victor Manuel Aguirre y Víctor Fernando Urias. La celebración, cancelada en dos ocasiones por el ayuntamiento panista, que provocó una denuncia por inejecución de sentencia y un recurso de acto reiterado, fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según el abogado José Luis Marquez, para esa unión civil influyó la presión que se hizo en redes sociales y la declaración de organizaciones de revelar la lista de preferencias sexuales de políticos y religiosos de Baja California. El 22 de julio siguiente la Oficialía del Registro Civil Número 7 en La Paz celebró la segunda boda gay en la entidad. Raquel Silva Osuna y Trinidad Isabel Prado Salazar quedaron “unidas en legítimo matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que la ley les otorga y las obligaciones que la misma impone”. El contrato de matrimonio se logró mediante el paquete de amparos que inició la abogada activista Nolzuly Almodóvar Gracia en agosto de 2014.