HERMOSILLO, Son. (apro).- En su primer día de actividades formales, algunos funcionarios del gobierno de Claudia Artemiza Pavlovich Arellano se llevaron varias sorpresas al tomar posesión de sus oficinas, al encontrar plagas de alacranes y tomas clandestinas de energía eléctrica, mejor conocidas como “diablitos”. Antes de entregar las dependencias, los ahora exservidores públicos desprendieron televisores con todo y cableado; retiraron las nomenclaturas de plástico de cada una de las oficinas y escondieron las claves de acceso a la red inalámbrica de Internet. Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno, informó que una vez concluido formalmente el proceso de entrega-recepción se van a denunciar cada una de las irregularidades encontradas. “Hasta el momento no tenemos el análisis completo, estamos colectando la información, que hay que decirlo no hemos tenido el acceso a toda ella”, acusó. La entrega-recepción seguirá por los próximos diez días hábiles y al cabo de otros 30, tras realizar un análisis de lo recibido, los funcionarios deben entregar un informe del estado que guardan los bienes del poder Ejecutivo. Herencia burócrata El pasado jueves 10 el exdirector general de Recursos Humanos, Miguel Méndez Méndez, reveló que un total de mil 475 funcionarios de confianza del gobernador saliente, Guillermo Padrés, se negaron a firmar su renuncia antes del día 13. Hasta el jueves anterior sólo 25 burócratas de primer nivel, del escalafón 9 al 15, habían entregado su renuncia. “Los restantes van a firmar su salida (si acaso) después de iniciado el próximo sexenio hasta que les llegue un relevo en su cargo o se van a esperar a que lleguen y le pidan la bola porque podrían llegar a ganar otra quincena”, comentó. Y puntualizó en aquella ocasión: “Se ha dado el caso que a algunos servidores los reemplacen en sus cargos hasta octubre y por lo tanto ya ganaron un mes más de sueldo y se ganan otro mes de proporcionales; lo mismo si salen hasta noviembre”. De los renuentes, unos 350 servidores públicos, con niveles de confianza que cuentan una trayectoria burocrática de diez o más años, se negaron a dejar la función pública debido a que no son parte de la administración saliente y, en muchos de los casos, están a punto de jubilarse.